SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento andaluz ha contado este miércoles con la participación de más de 25 agentes sociales con motivo de la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica ante la Mesa del Congreso de los Diputados sobre delegación de competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz, en la que han exigido "seguridad jurídica" en la delegación de competencias del Estado al Gobierno andaluz sobre las aguas del río que aún tiene que cerrarse.
En este sentido, la presidenta del Sector de Administración General de la Junta de Andalucía de CSI-F Andalucía, Alicia Martos, ha mostrado la preocupación de la organización por la situación técnica-jurídica que se crea, esperando "que esta delegación de competencias no fuese una obra de ingeniería jurídica que sirviera de escape a lo dictaminado por el Tribunal Constitucional".
Por otro lado, CSI-F Andalucía considera "inadmisible" que se le remitiera a los empleados públicos un correo electrónico en el que se les apremiaba para que se manifestaran sobre si querían continuar en la Junta de Andalucía o regresar al Estado, sin más información y sesgándole por varias vías la misma. Por ello, ha reclamado un "proceso claro y transparente, sin argucias jurídicas, para estudiar las opciones y que todo se haga con la información detallada de las repercusiones económicas, laborales y profesionales que ésta conlleva, como la adjudicación de puestos, la garantía de los derechos profesionales adquiridos en estos años y la seguridad de los derechos económicos adquiridos tras la reversión".
Por último, Alicia Martos espera que, con la próxima reversión y posterior transferencia a la Junta de Andalucía, "no solo se cumpla con la sentencia del Tribunal Supremo sino, lo que es más importante, que se garantice que cualquier decisión legal o política que se adopte en relación a la presente delegación de competencia respetará la Sentencia del Tribunal Constitucional".
Por otro lado, el adjunto al secretario general de CCOO Andalucía, Rafael Aljama Alcántara, ha indicado que espera que el Consejo de Ministros del día 7 de octubre de vía libre a un nuevo acuerdo entre Gobierno y Junta sobre la gestión del Guadalquivir en el que se vean reflejadas la voluntad del pueblo andaluz de disponer de la mayor competencia posible sobre el río, "una gestión segura desde el punto de vista jurídico, manteniendo la unidad de gestión de la cuenca hidrográfica y un capacidad suficiente de recursos económicos y humanos". No obstante, ha lamentado el "déficit" de consulta y participación de los agentes interesados en esta negociación.
En este situación, reclama "un debate sobre la política de aguas en España y no en Andalucía". En referencia a la iniciativa legislativa del Parlamento andaluz, CCOO ha indicado que se ha hecho proponiendo "un reparto competencial entre la Administración Autonómica y del Estado en materia de territorialidad, reclamando la mayor competencia posible para el territorio andaluz, un argumento sólido ante la ineficacia demostrada de hacer partícipes a las autonomías en las Confederaciones Hidrográficas".
Apoya de forma global a la Proposición de Ley sobre delegación de competencias aprobado por el Parlamento Andaluz, si bien, reclama un debate "sosegado, riguroso técnica y jurídicamente, democrático y participativo en relación con la distribución de las competencias y el ejercicio de las facultades asociadas a la gestión del agua entre las distintas administraciones".
Por su parte, la Unión de Consumidores ha exigido "seguridad jurídica" en el marco regulatorio de las competencias del Guadalquivir, si bien "aplaude que por fin se busquen fórmulas para encajar jurídicamente la situación tan controvertida que hasta el momento se está viviendo".
La federación apoya el objeto de esta ley porque persigue "garantizar la continuidad y la normalidad en lo que se refiere a la prestación de los servicios hidráulicos y que no afecta a otras comunidades autónomas".
Además, la Unión de Consumidores ha solicitado a los grupos parlamentarios que, con la aprobación de esta ley, desaparezcan las posibles irregularidades en cuanto a recursos humanos, materiales y jurídicos.
