Foto: EUROPA PRESS/PARLAMENTO ANDALUZ
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La magistrada declara además la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa
SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 1.650.000 euros al exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet a cuenta de su imputación por las irregularidades detectadas en los ERE de 2003 y 2007 y ha declarado la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa.
En un auto dictado el pasado 8 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya impone asimismo una fianza civil de 12.359,20 euros al exsecretario de Política Municipal del PSOE en Baeza (Jaén) y exsecretario de Administración de UGT en Sevilla Antonio Garrido Santoyo, uno de los primeros 'intrusos' hallados en la investigación, por su prejubilación en el ERE de 2007 de Mercasevilla pese a que no formaba parte de su plantilla.
Cabe recordar que Fernando Mellet compareció ante la magistrada el pasado 23 de abril y se acogió a su derecho constitucional a no declarar después de que la juez le imputara seis presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, asociación ilícita y blanqueo de capitales.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía en el caso de los ERE irregulares solicitaron para Fernando Mellet una fianza de responsabilidad civil de más de cinco millones de euros y que se declarara la responsabilidad civil subsidiaria del merca.
A la hora de fijar la fianza civil de Mellet, que tiene por objeto "la devolución en la medida de lo posible de las ingentes cantidades de dinero que de manera indiciariamente ilícita han salido del erario público", la magistrada tiene en cuenta las cantidades que, a través de su actuación como director general de Mercasevilla, abonó la Junta "irregularmente" por el ERE de 2003, y que según el desplegable del IFA/IDEA alcanzaría los 4.125.000 euros.
La juez argumenta que, "a fin de cuantificar las posibles responsabilidades pecuniarias de Mellet, se fija para éste en el 30 por ciento del importe de la cantidad" referida, de lo cual resulta 1.237.000 euros, cantidad a la que suma el tercio legal previsto y que da como resultado un total de 1.650.000 euros.
ADVERTENCIA DE EMBARGOS
La juez concede a ambos imputados un día de plazo para que presten la fianza imputada, advirtiéndoles de que se ordenará el embargo de bienes, "previa relación de bienes efectuadas por los inculpados, quienes serán requeridos al propio tiempo, para cubrir dichas responsabilidades si en dicho plazo la fianza no se constituyere".
Alaya considera que, el 3 de octubre de 2003, Mellet solicitó ante la Delegación Provincial de Empleo la autorización para la extinción de 74 trabajadores de un total de 184 fijos, "aludiendo a causas organizativas y económicas", dando lugar dicha petición al ERE de 2003.
Esta petición, según Alaya, iba acompañada del acuerdo suscrito con los trabajadores, en el que se incluía la reducción no traumática de trabajadores fijos mediante un plan anticipado de prejubilación suscrito con Vitalia que acogiese a los trabajadores de edades comprendidas entre los 50 y los 64 años a fecha de 31 de diciembre de 2003.
"Y todo ello a sabiendas de que el plan suscrito con Vitalia sería sufragado en su mayor parte por la Junta, pese a que el imputado no había formalizado solicitud de subvención alguna, debido a las buenas relaciones que, a través de Juan Lanzas, mantenía con Antonio Rivas --exdelegado provincial de Empleo-- y con el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero".
Según la juez, Mellet habría suscrito en nombre de la sociedad mixta los boletines de adhesión de los trabajadores acogidos al plan de prejubilación, "entre los que se incluirían a tres trabajadores que no cumplían los requisitos para la prejubilación".
"CONNIVENCIA" CON LANZAS
Finalmente, y según la Dirección General de Seguros, se beneficiaron de esta póliza 50 trabajadores, mientras que del importe de las primas correspondía pagar a la Junta el 90 por ciento del importe total, es decir 5,6 millones.
"Tras el éxito de este primer expediente, y en connivencia con Lanzas", Mellet solicitó en 2005 un nuevo ERE extintivo que afectaría a 60 trabajadores, "fundando su solicitud en idénticos motivos al ERE de 2003", siendo autorizado el ERE porRivas el 17 de mayo de 2007 "por las mismas causas económicas y organizativas que en el ERE de 2003".
Dicha autorización se produjo "no habiendo apreciado dolo, fraude ni la menor irregularidad en este segundo expediente pese a que la causa alegada en el primero fuera una sobredimensión de la plantilla y que los gatos de explotación de personal superaban el 71 por ciento de la cuenta de explotación de la empresa, y a 2005, cuando se solicitó el segundo ERE, se había contratado prácticamente el mismo número de trabajadores que en el primero habían sido despedidos y los gastos de explotación seguían superando el 71 por ciento".
La juez asevera que "a pesar de no existir protocolo de colaboración ni convenio que lo articule, la póliza firmada" en 2007 por Mellet en nombre del merca "contiene expresa mención a que la Junta abonará la mayor parte de las primas, como ocurriera con la póliza anterior", de manera que, "aprovechando esta circunstancia, Mellet incluiría en el ERE de 2007 a cuatro trabajadores que no eran de Mercasevilla, sino de su fundación", entidades ambas "independientes".
EL 'INTRUSO'
De igual modo, "puesto de común acuerdo con Lanzas y a sabiendas de su injusticia", Mellet introduciría en la póliza de rentas para la prejubilación de los trabajadores "a una persona ajena a Mercasevilla y del entorno de Lanzas", como es Antonio Garrido Santoyo.
La juez añade que el propio Lanzas "intentó incluirse en la póliza como una de las formas que tenía de cobrar las elevadas cantidades que percibía por su intermediación, y aunque Mellet se negara a firmar el boletín de adhesión, ello indiciariamente no sería por considerarlo ilegal, pues no había puesto reparo alguno a la inclusión de Santoyo, sino por temor a ver directamente asociado el nombre de Lanzas con Mercasevilla".
Finalmente, Vitalia hizo a Lanzas una póliza individual y su exclusión de la póliza suscrita con Mercasevilla "no rebajó la prima a pagar por la Junta y supuso que se incrementaran las comisiones a recibir por Vitalia, quien con cargo a estas sobrecomisiones abonaría la póliza individual que hizo a Lanzas por importe superior a 13.000 euros".
La juez señala que, del total de las primas por razón de esta póliza, le correspondería pagar a la Junta el 94 por ciento, es decir 8,8 millones, cuyo pago "sería autorizado por Guerrero el último día de su mandato" aunque finalmente "no llegaría a efectuarse".
"CONTINUO FLUJO DE INTERCAMBIO DE FAVORES"
Alaya acusa también a Mellet de haber abonado los servicios del comercial de Vitalia Francisco José González y de Lanzas "con cargo a los fondos de Mercasevilla", agregando que Lanzas habría facturado a través de Maginae Solutions, empresa de su cuñado Ismael Sierra, una serie de servicios por un total de 166.048 euros, "justificándolos como actuaciones para la mejora de la plantilla y servicios de asesoramiento, cuanto realmente irían encaminados a satisfacer la comisión de Lanzas en el ERE de 2007".
Finalmente, Lanzas percibió por sus mediación en los ERE de Mercasevilla un total de 492.655 euros.
La juez asevera que, "en este continuo flujo de intercambio de favores", Mellet "conseguiría que la empresa del grupo empresarial vinculado a Lanzas 'Al Andalus Mass Media Channel' contratara" al exconcejal del Ayuntamiento hispalense José Antonio García, quien habría percibido 9.321 euros.
