Alaya prorroga el secreto de la operación 'Madeja'

La Juez Alaya A Su Llegada A Los Juzgados
EUROPA PRESS
Actualizado: martes, 10 junio 2014 18:23

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La juez Mercedes Alaya ha prorrogado por undécima vez el secreto de sumario que pesa desde julio de 2013 sobre la denominada operación 'Madeja', en la que se investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño, entre otros, pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas Fitonovo y Fiverde.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, después de que el pasado mes de mayo acordara levantar de manera parcial el secreto en lo relacionado únicamente con Castaño y su esposa, la abogada Ana María Vaquero, la magistrada ha notificado este martes un auto a las partes en el que prorroga nuevamente el secreto de sumario que pesa sobre el resto de la investigación.

Cabe recordar que, tras levantarse parcialmente el secreto respecto a los dos imputados aludidos, se conoció un atestado en el que la Guardia Civil cifraba en 411.215,56 euros el incremento patrimonial no justificado entre los años 2005 y 2012 de Domingo Enrique Castaño y su mujer y consideraba que "parte de dicho incremento patrimonial podría provenir de ingresos opacos sin justificar y cuyo origen podría ser ilícito".

Dentro de este caso, en marzo salieron en libertad bajo fianza de 150.000 euros el exjefe de servicio de la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla Francisco de Amores, y de 250.000 euros el empresario de 'Fitonovo' José Antonio González Baró, mientras que el responsable de conservación del Parque de María Luisa, Francisco Luis Huertas, pudo salir en libertad provisional después de que su familia abonara una fianza de 60.000 euros.

DOS FASES

La operación 'Madeja' se desarrolló en dos fases entre julio y diciembre de 2013, en la primera de las cuales fueron detenidas cuatro personas e imputadas otras dos, siendo Domingo Enrique Castaño el único que ingresó en prisión, aunque la pudo abandonar en agosto de 2013 después de pagar la fianza de 60.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla.

La instructora imputa a Castaño los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. Asimismo, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada por el Ministerio Público.

De su lado, la instructora dejó libertad sin fianza a su esposa, la abogada Ana María Vaquero, a la que imputó los delitos de cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales. Así, únicamente acordó que se le retirara el pasaporte.

Ya en la segunda fase de la operación, desarrollada en diciembre, la Guardia Civil imputó a dos personas y detuvo a otras cinco, de las que entraron inicialmente en prisión tres.

De igual modo, la juez dejó en libertad sin fianza al director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera, y a un ingeniero de caminos, empleado de la empresa Jardines y Riegos Al-Andalus, imputado por un delito de cohecho después de que la instructora le acusara de haber realizado un pago de 25.000 euros a Francisco de Amores, aunque según algunas fuentes éste habría alegado que dicha cantidad se correspondería con un préstamo.

CONTABILIDAD 'B'

Amores también habría sido acusado de haber recibido pagos periódicos de unos 500 euros por parte de Fitonovo a cambio de la adjudicación de un contrato de mantenimiento, y de hecho la Guardia Civil le enseñó durante su declaración un supuesto documento con un pago a su nombre, aunque sin su firma, no obstante lo cual el exalto cargo de Parques y Jardines negó ante la juez Alaya todas las acusaciones.

En esta segunda fase de 'Madeja', la magistrada imputó al director del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña (PP), que fue destituido de manera fulminante y nada más conocer su imputación por el alcalde, Juan Ignacio Zoido.

La juez investiga una supuesta contabilidad 'b' de la empresa Fitonovo donde ésta registraría las presuntas 'mordidas' abonadas a cambio de ser favorecida en la concesión de determinados contratos públicos.