SEVILLA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha lamentado que el PP quiera "devaluar la transparencia" y ha aludido al informe emitido por el gabinete jurídico de la Junta para insistir en la imposibilidad de poder publicar el listado de los beneficiarios de ayudas para cursos de formación a los que ahora la Junta ha abierto un expediente de reintegro, según ha indicado en un comunicado.
Junto a dicho comunicado se adjunta el informe del gabinete jurídico, de seis páginas, donde entre las conclusiones se apunta que la publicación de los datos de empresas "podría generar algún tipo de responsabilidad de la Administración", mientras que en el caso de las personas físicas "sería preciso recabar su consentimiento con carácter previo a la publicación de datos de carácter personal".
En dicho comunicado, la Junta ha recordado que los expedientes que contienen propuestas de resolución definitiva de reintegro "están a disposición de todos los parlamentarios andaluces" y ha conminado a los parlamentarios del PP a que "trabajen y que si quieren hacerlos públicos asuman su responsabilidad".
Alonso ha dejado claro que no va a "contravenir" un informe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía donde "se argumenta que la publicación de los nombres de beneficiarios, los importes de reintegro y la motivación del mismo puede conllevar la vulneración de la normativa de la protección de datos y la asunción de responsabilidades jurídicas de la Junta de Andalucía, que al final pagarían los ciudadanos".
"No vamos a entrar en la ezquizofrenia y la bipolaridad del Partido Popular que, por un lado, exige transparencia y rigor pero, por otro, pretende que nos saltemos la legalidad", ha indicado Alonso, quien apunta que la Junta "gobierna para los ciudadanos, a diferencia del eslogan del PP consistente en que 'al margen de los ciudadanos nada me estropee un buen titular; pese a quien le pese y genere que las consecuencias que genere a la ciudadanía'".
Asimismo, Luciano Alonso ha comentado que desde la Administración autonómica "se vela y actúa para salvaguardar la reputación corporativa de cientos de pequeñas y medianas empresas de la formación profesional, así como de instituciones públicas y privadas de toda índole que han sido beneficiarias de ayudas de formación para el empleo en Andalucía y que actualmente se encuentran en procedimiento de trámite de justificación".
"El Gobierno andaluz es escrupuloso en el cumplimiento de los posicionamientos jurídicos de la asesoría jurídica de la Junta y respeta las peticiones tanto de la CEA como de las distintas pymes que han solicitado que no se proceda a la publicación en la página web de la Junta de Andalucía de las propuestas de resoluciones definitivas de reintegro, que puede conllevar un descrédito a la imagen y labor de dichas empresas", ha añadido Alonso.
El consejero se ha desmarcado de la "criminalización sectaria que hace el Partido Popular, que por buscar determinados titulares son capaces de echar por tierra mucho trabajo bien hecho".
En ese sentido, Alonso ha dejado claro que el Gobierno andaluz "está dando muestras que al igual que defiende la labor de estas empresas e instituciones, a su vez que será implacable contra todas aquellas de las que se pueda intuir que hayan podido estafar o hacer un mal uso del erario público". "Pero el gobierno andaluz no lo hace con el discurso, sino con los hechos, por eso, la Consejería ya ha solicitado un total de 11 personaciones en causas judiciales a raíz del estudio que está haciendo de los expedientes donde la administración pueda verse afectada y por tanto haberse engañado a los ciudadanos", comenta el consejero.
"SI EL PP QUIERE HACERLOS PÚBLICOS, QUE LO HAGA"
En este punto, el consejero no entiende como "el Partido Popular de Andalucía, y en concreto la parlamentaria por Cádiz Teresa Ruiz Sillero, teniendo perfecto conocimiento, como parece que tiene y además contando con la confianza del actual concejal de El Puerto Santa María en Cádiz y miembro de la Ejecutiva local del Partido Popular, José Joaquín Amorós, que ha sido el responsable de compras de Ojeda en esta provincia, no pone todos los datos presuntamente fraudulentos de los que presume conocer en manos de la Justicia". "Más datos que este señor, no creo que pueda tener nadie; y todavía continúa en su cargo", ha añadido.
En esta línea, el consejero ha recordado que todos los expedientes están a disposición, como siempre, del Partido Popular, y reitera que "si quieren hacerlos públicos que lo hagan; si quieren contravenir el dictamen de los servicios jurídicos, que lo hagan".
"Si quieren asumir el daño irreparable que pueden hacer a todo un sistema productivo y contribuir más si cabe al descrédito de las instituciones, que lo hagan, y luego que asuman sus responsabilidades y obligaciones con la Justicia pero que también en conocimiento de la misma los datos que tienen de sus propios y actuales compañeros", ha añadido.
Además, en referencia al presidente del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, y al Partido Popular andaluz, se considera que "no hay mayor opacidad que quién no quiere ver la transparencia". Así ha recordado que han tenido lugar cinco comparecencias, tres interpelaciones, más de 20 preguntas orales en pleno y comisión, más de 317 iniciativas escritas; se ha puesto a disposición todos los expedientes solicitados por los parlamentarios populares en la Dirección General de Formación Profesional para el empleo hasta en cinco ocasiones.
Precisa que también se ha puesto en marcha un sistema de análisis de los expedientes en tramitación "único en España que consiste en revisar los expedientes uno a uno y de forma completa".
"En Andalucía es donde se ha decidido no exceptuar, donde hay concurrencia competitiva al cien por cien, donde la administración se persona en la causas judiciales en defensa de los intereses públicos; donde se da cuenta al Parlamento mensualmente; es en Andalucía donde paralelamente se pone en marcha un nuevo modelo de formación profesional; donde se asumen todas y cada una de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas", ha añadido el consejero, quien recuerda que el PP "elimina la Cámara de Cuentas donde gobierna".
Igualmente, el consejero señala que "lo que quedó claro es la falta de cohesión y de criterio del Partido Popular de Andalucía donde en tan solo unos meses han pasado de solicitar primero los nombres y apellidos de todos aquellos que tuvieran procedimiento de inicios de reintegro, es decir, meras resoluciones en procesos de tramitación, sin propuesta de resolución definitiva; a posteriormente solicitar el listado de exceptuaciones y cuando los publicamos nos tacharon de acabar con el sector de la formación, quizás porque entre los exceptuados habían más de 100 entidades locales gobernadas por el PP, entre ellas las de Carlos Rojas; y posteriormente nos solicitan más nombres pero tampoco las quieren todas; sólo buscaran listas negras de condenados".
Frente a esto, Alonso ha apuntado que el Gobierno andaluz "da cuenta de su gestión ordenando el pasado con transparencia y rigurosidad; gestiona el presente bajo los criterios de legalidad y diseña un futuro con un nuevo modelo de formación profesional con la nueva Ley". "Invito a que el resto de comunidades autónomas y el Gobierno de la nación se unan a este nuevo modelo", ha finalizado.
