Andalucía "discrepa" de los cambios del Gobierno en la ley de Patrimonio Natural

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha expresado "discrepancias" sobre varios aspectos de la modificación de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad aprobada por el Ejecutivo central el pasado mes de septiembre y ha acordado con el Gobierno de la Nación designar un grupo de trabajo que proponga una solución.

La creación de este grupo de trabajo constituye un paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por parte del Ejecutivo andaluz en el caso de que ambas administraciones no alcancen un acuerdo sobre los apartados de la norma en los que mantienen "discrepancias".

En concreto, Junta y Gobierno decidieron poner en marcha un grupo de trabajo el pasado 9 de diciembre en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, según un acuerdo suscrito por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios.

En dicho acuerdo, consultado por Europa Press, los representantes de Gobierno y Junta en la citada Subcomisión acuerdan "iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas" en relación con la "nueva redacción" dada a 17 artículos y una disposición adicional de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad aprobada en diciembre de 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En los aspectos del cambio normativo que cuestiona la Junta figuran las relativas a competencias autonómicas sobre la declaración y gestión de espacios naturales protegidos; la ejecución de obras para la conservación de espacios protegidos, o la aplicación de medidas para la conservación de la Red Natura 2000 y la reintroducción de especies silvestres autóctonas extinguidas.

Ante las "discrepancias" expresadas por la Junta sobre la regulación estatal, ambas administraciones han decidido "designar un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda", así como comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional (TC) "a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)".

Este artículo de la LOTC amplía de tres a nueve meses el plazo que tiene el Gobierno de la Nación para presentar recurso de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones autonómicas si se produce un acuerdo en la Comisión Bilateral sobre "iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo".