SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este viernes a la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que imponga una fianza de responsabilidad civil de dos millones de euros al exparlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.
Díaz ha comparecido este viernes ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, quien le ha imputado un total de tres delitos, en concreto prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, según han informado a Europa Press abogados personados en la comparecencia.
Tras su negativa a declarar, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones han pedido prisión para el imputado; así, el Ministerio Público únicamente ha solicitado que se le imponga una fianza de responsabilidad civil de dos millones de euros.
La juez imputó al exparlamentario andaluz del PSOE por su "activa participación" en la inclusión de dos 'intrusos' en el expediente de Calderinox --Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández--, de otros dos en Saldauto --Rafael Rodríguez Fuentes y Antonio González Pérez--, y de otro intruso en A-Novo, asegurando en este último caso que "podría haber tenido interés en su inclusión" por pertenecer el 'intruso' a la Agrupación Socialista de Nervión.
De igual modo, le imputó su presunta implicación en la ayuda sociolaboral a SAT Virgen del Espino para ocho trabajadores por una cuantía total de 450.000 euros, "cuando dicha empresa sólo tenía dos trabajadores en la empresa y parecer ser que, en realidad, era para pago de parte de subvenciones anteriores pendientes de pago".
EL IMPUTADO DEFIENDE SU INOCENCIA
El abogado del imputado ha entregado a los periodistas un comunicado de prensa en el que defiende su "absoluta inocencia" en el caso, añadiendo que "existen abundantes pruebas tanto testificales como documentales de su falta de participación" en los hechos relacionados con este procedimiento.
A su juicio, "así lo especifica el informe enviado a la juez Alaya por la Junta de Andalucía, a requerimiento de la Fiscalía, en el que se dice que no tenía ninguna capacidad de decisión, por lo tanto ni podía proponer acuerdos ni aprobaba ni denegaba".
"Su alejamiento de la partida 31.L --más conocida como 'fondo de reptiles'-- está acreditado a lo largo del sumario y continuará demostrándolo en los momentos procesales oportunos", concluye el comunicado.
Este viernes también han comparecido ante la juez la administradora mancomunada de Vitalia María Ascensión de la Cruz Antona; Beatriz Núñez Muñoz, administradora única en las cuentas de la empresa Atrado Mensajería entre 2003 y 2006; María Luisa Rodríguez Márquez, y Gemma Fátima Rodríguez Márquez, ambas pertenecientes al departamento de Planes de Vitalia.
