SEVILLA, 24 May. (EUROPA PRESS) -
El proyecto de ley para la protección de los derechos de los consumidores y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda de Andalucía, que tiene como finalidad
tratar de acabar con los abusos de las entidades financieras en la contratación hipotecaria, ha sido aprobado este martes en el Parlamento por la unanimidad de todos los grupos parlamentarios.
El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha expresado el agradecimiento del Consejo de Gobierno a todos los grupos parlamentarios por el trabajo desarrollado y por sus aportaciones en los debates.
La norma, que inició su tramitación parlamentaria tras superar el debate a la totalidad en el Parlamento de Andalucía el pasado 7 de octubre, tiene como principales objetivos, como ha explicado el consejero, proporcionar información y herramientas a las personas consumidoras para tratar de acabar con los abusos en estas operaciones financieras y asegurar que la ciudadanía conozca en todo momento los derechos que le corresponden, ante qué productos se encuentra y cómo y dónde puede hacer valer las garantías que ofrece la Administración andaluza.
El objeto de la Ley, según el artículo 1, es garantizar la protección de las personas consumidoras y usuarias regulando la transparencia y el acceso a la información que se les debe facilitar en la suscripción de préstamos o créditos hipotecarios sobre una vivienda.
Aquilino Alonso ha señalado que se trata de "un proyecto que da garantías para los ciudadanos, que consolida derechos y aporta elementos de protección de la ciudadanía en los aspectos que regula". "En el proyecto se recogen diversas medidas que avalan la transparencia en la que se han de desenvolver las relaciones entre las entidades y los usuarios, para que de esta manera, desde antes, y en el momento de la firma de las obligaciones contraídas por ambas partes, se informe al prestatario de los términos concretos aplicables en la vida del préstamo", ha afirmado el consejero.
La ley contempla la creación de una sección específica en la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía, con la denominación de Tribunal Arbitral Andaluz para Ejecuciones Hipotecarias y Desahucios. Además, por parte de la Administración andaluza, mediante la creación de órganos sectoriales de mediación, se impulsará la mediación extraprocesal previa o simultánea con cualquier procedimiento de ejecución judicial o notarial, a fin de lograr soluciones consensuadas para que las personas afectadas puedan mantener la propiedad de la vivienda y, subsidiariamente, la posibilidad de su uso.
"Esta ley se encuadra en la línea estratégica que se ha marcado el Gobierno Andaluz en esta legislatura de consolidar derechos ciudadanos y preservar las garantías de los mismos frente a toda tentación de retroceso que pudiera suponer una merma en los niveles de protección ciudadana", ha afirmado Aquilino Alonso.
En la nueva norma se prevé que la Administración de la Junta de Andalucía promoverá que las empresas prestamistas que otorguen préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda incluyan en las condiciones generales o específicas de contratación la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, pudiendo tener las personas consumidoras información sobre las empresas adheridas al mismo.
En la misma línea de reforzar la defensa de los intereses de las personas consumidoras y usuarias, la ley incorpora la creación del sistema andaluz de información y asesoramiento integral en materia de desahucios, tanto en los casos de ejecución hipotecaria como en los de impago de las rentas de alquiler.
El sistema prestará atención singularizada y prioritaria a colectivos en situación de emergencia social y económica, como las víctimas de violencia de género, las personas con dificultades por motivos de exclusión social y las que no pueden afrontar los pagos de las cuotas hipotecarias y de los contratos de arrendamiento por causas sobrevenidas.
Además, establece medidas frente a las cláusulas abusivas partiendo del respeto a la legislación estatal en la materia; impone nuevos deberes a las empresas prestamistas; garantiza derechos en materia de información y transparencia para las personas prestatarias; incrementa la transparencia de las comunicaciones comerciales y la publicidad, y establece que se promoverá la elaboración del modelo 'Contrato de Préstamo Hipotecario de Confianza' con la participación de la Junta y de las asociaciones de consumidores, entre otras.
PIDEN DOTACIÓN PRESUPUESTARIA SUFICIENTE
Para posicionar a los grupos parlamentarios, por el PP-A, Alicia Martínez ha considerado que el hecho de que llegue ahora esta ley al Parlamento demuestra que la protección de los consumidores "no ha sido una prioridad en la acción del Gobierno del PSOE-A" lo que ha provocado que "mucha gente que ha sido desahuciada se ha quedado por el camino". Ha contrapuesto esta circunstancia a la acción del PP en este sentido, cuando ha señalado su "firme compromiso" en la lucha contra los desahucios y en defensa de los consumidores de productos hipotecarios.
Tras relatar las medidas puestas en marcha por el Gobierno de la Nación, la parlamentaria popular ha dicho que es "positivo" que Andalucía se "sume y amplíe, en función de sus competencias, al marco legal de transformación establecido por el PP y que ha permitido que más de 50.000 familias se hayan beneficiado de las medidas por el derecho a la vivienda". Espera que sea una ley "que realmente solucione problemas" y abundado en la necesidad de que se amplíe el marco de aplicación y la norma tenga una dotación presupuestarias suficiente.
El parlamentario de Podemos Juan Antonio Gil ha considerado que es "sano" hacer un "ejercicio de responsabilidad sobre una legislación que ha sido tan perjudicial para miles de personas" en Andalucía y ha celebrado que con esta ley se vaya a reforzar la tutela de los derechos sociales de los ciudadanos "cuando la crisis se ha convertido en la excusa perfecta para acabar con todos esos derechos sociales". Así, ha saludado que con esta ley "se da un paso importante" y que los ciudadanos "esperan mucho" de ella.
María Isabel Albás, por Ciudadanos, ha saludado esta ley que ve "realmente necesaria", ya que incide directa y positivamente sobre los consumidores, y ha dicho que "nunca es tarde si la dicha es buena" pues ha criticado su tardanza en llegar al Parlamento. Ha insistido en la necesidad de que la ley tenga una dotación presupuestaria suficiente para que cumpla su objetivo y ha defendido, entre otras cuestiones, la libre elección por parte del consumidor del notario y de la empresa tasadora.
Por IULV-CA, Inmaculada Nieto ha señalado que el hecho de que haya pasado tanto tiempo desde que se inicio el anteproyecto de esta ley "nos lleva a reforzar más la reivindicación de la necesidad de este texto y de una modificación absoluta de la ley de enjuiciamiento civil y la ley hipotecaria". Ha manifestado que este texto persigue "garantizar que los contratos hipotecarios se ajusten a la normativa vigente", que es una ley "muy necesaria" pero ha lamentado que por la distribución de competencias "tenemos un corsé en la legislación estatal". "De nada vale pedir por favor a los bancos, hace falta más contundencia de las administraciones", ha apostillado.
Por último, en nombre del PSOE-A, Olga Manzano ha considerado que esta ley es "fundamental" cuando ha relatado que muchos ciudadanos "han firmado productos hipotecarios que no entendían o con cláusulas suelos que han generado mucho sufrimiento en muchos andaluces". Así, la norma regula una batería de medidas para garantizar los derechos de los consumidores en todo el proceso de adquisición de un producto de esta naturaleza. "Hoy damos un paso importante con esta ley", ha zanjado.
