SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los arquitectos de Sevilla han participado este jueves en una movilización de protesta contra el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP), organizada en toda España para pedir la rectificación de esta norma elaborada por el Ministerio de Economía y Competitividad. Los profesionales consideran que la LCSP introduce "desorden e inseguridad" en la edificación y supone un grave perjuicio para la sociedad en general, ya que "suprime la organización de competencias" regulada en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), al permitir proyectar edificios a "profesionales que no tienen la formación adecuada", propia de los arquitectos.
En la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, en la Plaza Cristo de Burgos, se ha celebrado a las 13,00 horas una concentración de arquitectos, profesores y alumnos, según informa en un comunicado el Colegio Oficial de Arquitectos. El decano del COAS, Ángel Díaz del Río, ha destacado en este acto las "graves consecuencias que esta ley supondría para los relevantes valores patrimoniales de la ciudad de Sevilla. En este nuevo contexto, al final las ciudades acabarían convirtiéndose en polígonos industriales". "La arquitectura", dijo Del Río, "es también cultura, y no solo economía".
La jornada de protesta comprendió también la firma a las 11,30 horas, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) de la Universidad de Sevilla, de un documento de adhesión al manifiesto nacional contra la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que reivindica la importancia de una arquitectura de calidad en una sociedad democrática, basada en una formación específica regulada por una Directiva de la UE, y que por tanto es de obligado cumplimiento para los países miembros.
Este manifiesto fue proclamado por unanimidad por la asamblea del CSCAE el pasado 7 de junio, y cuenta ya con el apoyo de más de 27.000 firmas. Respaldaron la adhesión el director de la ETSA y presidente de la Conferencia de Directores de Escuelas de Arquitectura de España, Narciso Vázquez; el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA), Luis Cano, y los decanos de los colegios de arquitectos de Sevilla, Ángel Díaz del Río; Almería, Francisco Javier Hidalgo; Cádiz, Víctor Manuel Gómez; Córdoba, Felipe Romero, y Huelva, Noemí Sanchís, así como profesores, jefes de departamento y la Delegación de Estudiantes.
Los arquitectos de Sevilla, en la línea de lo que defiende este colectivo profesional en toda España, piden que se rectifique la norma incluida en la LSCP por la que se permite proyectar y dirigir obras de edificios a profesionales que no tienen la formación adecuada, que es la regulada por la UE y que sólo reciben los arquitectos. La legislación debe garantizar que los edificios sean diseñados por profesionales que garanticen la seguridad en todas sus facetas, incluyendo la estabilidad estructural del proyecto, pero también su configuración, adaptación al entorno, usos, etc. Esa tarea debe ser competencia exclusiva de los arquitectos, que cuentan con la formación adecuada para que las obras que proyectan y dirigen terminen convirtiéndose en rico patrimonio de las ciudades.
Los profesionales del sector critican además que el anteproyecto crea un conflicto en la gestión gubernamental, ya que Economía va a invadir competencias de los dos Ministerios que tradicionalmente han gestionado los trabajos profesionales, como son Educación y Trabajo, lo que va a generar una fuente de conflicto que va a afectar a la regulación de las titulaciones y las profesiones, que en este caso se contempla en la Ley de Ordenación de la Construcción (LOE) de 1999.
Los arquitectos quieren poner además de relieve que ninguna norma de la Unión Europea obliga a adoptar una ley como la LCSP, sino que, por el contrario, las directivas de la UE garantizan la protección de la profesión de arquitecto, mediante la adecuada regulación de los estudios de arquitectura y del desempeño de la profesión
El COAS transmite su voluntad de colaborar con el Gobierno de la Nación para solucionar este conflicto de la mejor forma posible, siempre que el marco regulatorio reconozca a la Arquitectura como una actividad específica, de interés público, cultural y con una lógica disciplinar y académica propia.