SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El área de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla, liderada por el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), aseguró hoy que las subvenciones concedidas al Consejo Español en Defensa de la Solidaridad y la Paz todos sus procedimientos se "ajustan" plenamente a la legalidad, extremo probado "documentalmente".
En un comunicado, el área de Relaciones Institucionales lamentó las acusaciones del concejal del PP Beltrán Pérez sobre las subvenciones concedidas por al Consejo Español en Defensa de la Solidaridad y la Paz (Cedespaz), porque "esconden un deseo de trasladar a la opinión pública una visión tergiversada y pretendidamente confusa de este asunto" dada la querella por un presunto delito de injurias y calumnias formulada contra este edil a cuenta precisamente del tratamiento del asunto.
Así, Relaciones Institucionales aclaró que concedió una subvención de 51.000 euros a Cedespaz de la que se abonó el 75 por ciento; 38.250 euros, dejando el resto para cuando esta primera cantidad fuera correctamente justificada. Cuando se justificó ese primer pago, "no se alcanzó el total, por lo que la diferencia fue reintegrada a la Tesorería del Ayuntamiento". Así, el Ayuntamiento defendió que la cuantía no reintegrada; 28.038,87 euros, "es la realmente concedida y la que se encuentra correctamente justificada".
"Esta subvención está correctamente justificada porque el gasto (la emisión de la factura) y el pago (el abono de la misma) están de acuerdo a lo establecido en la legislación comercial ordinaria y porque la aplicación de los fondos se corresponde con lo que se solicitó inicialmente, acreditando que se cumplen los objetivos propuestos en la actividad".
INFORME DE INTERVENCIÓN
El último informe de Intervención de 13 de mayo, según el Consistorio, "corrobora este punto, al establecer que estos documentos han pasado los controles administrativos pertinentes y de comprobación de documentos justificativos, encontrándolos completos por lo que ese refiere a esta cantidad (28.038,87 euros) justificados". Además, constaba asimismo la renuncia del 25 por ciento pendiente de abono y el reintegro de 10.211,13 euros más los correspondientes intereses de demora.
La no justificación de una parte del importe, según el Ayuntamiento, "no significa que se haya cometido alguna irregularidad con la aplicación de los fondos", pues "puede ser que la fecha de la actividad no coincida con lo inicialmente previsto o incluso que sencillamente no se haya podido acometer el gasto y el pago por diferentes razones". "Esto no es un procedimiento escandaloso, sino un trámite habitual en la concesión de subvenciones, ya que es frecuente que las organizaciones, incluidas ONG de prestigio internacional, se vean obligadas a reintegrar parte o la totalidad de una subvención por no poder justificar el objeto de la misma", defendió el Consistorio.
EL INTERVENTOR Y LOS FUNCIONARIOS
Para el área de Rodrigo Torrijos, "los 28.000 euros justificados forman parte de una subvención concedida que cuenta con el visto bueno del interventor municipal, por lo que no cabe tachar de irregular un procedimiento que cumple con todos los requisitos legales. Acusar de supuestas falsedades o defectos de forma supone cuestionar el trabajo del interventor municipal y de los funcionarios públicos responsables de construir y dar el visto bueno al expediente".
Por eso, el Consistorio acusó al PP de "criminalizar con sus declaraciones la actividad de cooperación desarrollada por Cedespaz, entremezclando el montante de unas subvenciones que tienen como fin la cooperación internacional y la solidaridad entre los pueblos con la situación de crisis económica actual, cuando es obvio que no tienen ninguna relación". "El concejal popular alude de manera despectiva a viajes internacionales, cuando es algo absolutamente lógico para una entidad que se dedica a la cooperación entre países por todo el mundo y se refiere a hoteles de lujo, aunque por otra parte critica el alojamiento de las personas que pernoctaron en un simple albergue para las Jornadas de Análisis sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia".
Así, concluye el Ayuntamiento que "queda demostrado documentalmente, mediante facturas en regla, que es una subvención perfectamente ajustada al objeto previsto".
