Archivo - Imagen de archivo. Cuarto Teniente de Alcalde. Área de Gobierno de Urbanismo Juan de la Rosa interviene en la Sesión de Pleno ordinario del Ayuntamiento de Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo
SEVILLA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Sevilla ha aclarado, tras las manifestaciones realizadas por el Grupo Municipal Socialista, que el Gobierno municipal no ha rechazado la regularización de las viviendas de La Barzola y Nueva Barzola, sino una propuesta concreta que planteaba iniciar la concesión de títulos "sin haber culminado previamente los trámites legales obligatorios, lo que podría generar inseguridad jurídica para las propias familias".
Tal y como ha explicado la Administración local en una nota, desde el Consistorio se ha subrayado que la regularización de estas viviendas no solo es una prioridad, "sino que ya se encuentra en marcha con actuaciones concretas, contratos activados e inversión municipal destinada específicamente a este fin". En total, el parque municipal afectado está compuesto por 844 viviendas, de las cuales 448 "ya cuentan con procesos de depuración jurídico-patrimonial contratados, más del 50 por ciento del total".
En este sentido, 178 viviendas ya disponen de informes técnicos finalizados, mientras que otras 270 viviendas, todas ellas en Nueva Barzola, tienen el contrato aprobado y se encuentran en fase de licitación, con ejecución prevista durante el próximo ejercicio. Así, la inversión municipal comprometida para estos trabajos supera los 142.000 euros.
Además, el Ayuntamiento ha precisado que el marco legal que regula este proceso no es nuevo, sino que deriva del Convenio Marco firmado en 2021 entre el Consistorio y Emvisesa, aprobado durante el mandato socialista, en el que se establece expresamente "que la depuración jurídico-patrimonial es un paso previo imprescindible antes de cualquier concesión de títulos o regularización administrativa".
Fuentes municipales han insistido en que "saltarse ese orden no solo sería ilegal, sino que podría provocar que los títulos concedidos no fueran firmes en el futuro", al tiempo que han indicado que el objetivo del Gobierno local es "garantizar soluciones definitivas y seguras, no generar falsas expectativas".
En paralelo a los trabajos jurídicos, el Ayuntamiento ha solicitado informes a los Servicios Sociales municipales para un total de 136 viviendas, con el fin de "priorizar a personas mayores, familias vulnerables y residentes con mayor antigüedad, incorporando así el componente social al proceso de regularización".
Respecto a los temores expresados sobre una posible privatización, el Gobierno municipal ha sido tajante al afirmar que "no existe ningún expediente ni intención de venta, y que las viviendas siguen siendo de titularidad pública, vinculadas a Emvisesa, tal y como establece el convenio vigente".
Por último, el Consistorio ha detallado que las actuaciones de renovación y mejora de los edificios no sustituyen ni condicionan la regularización jurídica, sino que son procesos distintos "que avanzan de forma coordinada para mejorar la calidad de vida de los vecinos sin paralizar los trámites legales necesarios".
De esta forma, desde el Ayuntamiento han concluido que el Gobierno municipal "está haciendo lo que no se hizo durante años", en concreto, "ordenar jurídicamente la situación para que, cuando se otorguen los títulos, nadie pueda cuestionarlos ni retirarlos en el futuro".