CCOO asegura que la restricción del uso de taxis en Justicia genera un "grave deterioro" del servicio

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización sindical CCOO advirtió hoy de que la restricción acordada por la Consejería de Justicia y Administración Pública para el uso de taxis por parte de los funcionarios de dicho departamento está generando un "grave deterior" del servicio, porque "no ha conllevado el establecimiento de un sistema alternativo de transporte" que resuelva las necesidades administrativas de las instancias judiciales.

En un comunicado, CCOO recordó que el 29 de julio, la Viceconsejería de Justicia ordenó una regulación de los medios de transporte al objeto de "restringir el uso del taxi a situaciones excepcionales" autorizadas por la Secretaría General Técnica de la Consejería tras una solicitud de una delegación provincial.

En Sevilla, los órganos judiciales utilizaban el taxi, "impuesto por la propia Administración Autonómica a falta de otras soluciones organizativas", para actuaciones como el servicio común de notificaciones y embargos, que lleva a efecto los actos de comunicación y de ejecución de los Juzgados de Primera Instancia, de lo Social, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Mercantil, de lo Penal y de Violencia sobre la Mujer del Partido Judicial de Sevilla.

También para el servicio del Juzgado Decano para la práctica de diligencias relacionadas con los internos en el Centro Penitenciario de Sevilla, para mandamientos de libertad procedentes de Juzgados de otras poblaciones o de la propia capital, para citaciones y notificaciones personales de los Juzgados de Instrucción y de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial que han de llevarse a efecto en barrios especialmente conflictivos o no comunicados mediante el transporte en autobús.

La misma circunstancia se da para el traslado ocasional y urgente de expedientes voluminosos entre los distintos edificios judiciales de la capital, para las diligencias judiciales del Juzgado de Guardia y de los Juzgados de Instrucción, para el traslado de los Fiscales a los diferentes juzgados y para la práctica de diligencias en las que no es posible utilizar otro medio de transporte.

"REPENTINA SUSPENSIÓN"

La "repentina suspensión del uso del taxi para la práctica de diligencias judiciales no ha conllevado el establecimiento de un sistema alternativo de transporte que permita llevar a la práctica todas las diligencias señaladas", lo que según CCOO provocó, por ejemplo, la suspensión de 321 diligencias el pasado lunes en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, estando pendiente en este servicio la realización de 464 citaciones, 1439 de otro tipo de diligencias y 396 embargos pendientes de señalar también a fecha de ayer.

Durante los días de ayer y hoy, de cualquier forma, los funcionarios del Servicio Común se han desplazado en el autobús para la práctica de las diligencias correspondientes, habiendo podido realizar "menos del 50 por ciento aproximadamente" de las actuaciones que realizaban con el servicio de taxi.

La Consejería de Justicia, según el sindicato, "no ha previsto tampoco un sistema alternativo para las comunicaciones con el centro penitenciario y sus internos, ni para la práctica de diligencias en lugares especialmente conflictivos o donde no llegan los autobuses, ni para el traslado de expedientes voluminosos ni muestras toxicológicas lo que supone una falta de previsión por parte de los responsables políticos de la Administración de Justicia en Andalucía que supondrá un grave retraso en la tramitación de los procedimientos judiciales, incrementados de forma sensible en los últimos meses con motivos de la crisis económica".

"GRAVE DETERIORO DEL SERVICIO"

CCOO quiso también denunciar el "grave deterioro" del servicio de Justicia que medidas unilaterales de este tipo genera, porque "hemos solicitado una reunión urgente para tratar el asunto, ya que desde la Administración autonómica no se han dado explicaciones del por qué de dichas medidas tan graves". "No obstante, si lo que se pretende es reducir el gasto, habría que mirar para otro lado, como los gastos de representación, vehículos oficiales infra utilizados o gastos en publicaciones que no lee nadie".

Para CCOO, "hay una mano oculta en toda esta situación, desde que en 1997 se cogieran las competencias en Justicia, la Administración autonómica no ha resuelto el sistema de desplazamiento del personal de los Juzgados y, en estos días, se tira de tijera de forma tan escandolosa y apremiante, ¿Qué se pretende? ¿Por qué se busca el colapso y ahogar aún más el servicio público? ¿se pretende privatizar el servicio? ¿Quién se beneficia en toda esta polémica?".