SEVILLA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, considera que la Junta "debe ser muy escrupulosa y estar muy vigilante" con las ayudas que concedan a empresas para la contratación, de discapacitados o de otros colectivos, para así evitar fraudes, aunque ha culpado a ciertas empresas de dichos comportamientos delictivos.
En declaraciones a Europa Press, Carbonero plantea que las empresas a las que se le concede dinero público "debe ser muy escrupulosas" y la administraciones "deben tener una gran vigilancia para cumplir los compromisos que adquieren".
Considera que aquellas empresas que cometan fraude "deben tener las sanciones correspondientes y devolver el dinero público".
Carbonero se pronuncia acerca de las irregularidades detectadas en las ayudas al empleo para personas con discapacidad concedidas por la Administración andaluza, después de que la Guardia Civil ha detenido en Elche (Alicante) y Sevilla a nueve personas como presuntos responsables de defraudar 480.000 euros al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía mediante el cobro de subvenciones para la contratación de trabajadores discapacitados.
A su juicio, esta situación es una muestra de la "carencia y de la falta de inspectores de Trabajo y falta de controles de la administración por política de austeridad".
"Lo público debe jugar un papel", ha aseverado Carbonero, quien ha recordado que "el que ha defraudado no es la Junta sino que las culpables son las empresas que han jugado con la ilusión y vulnerabilidad de personas con discapacidad, de esas empresas es la máxima responsabilidad y muchas de ellas han incumplido".
Ha apuntado que las administraciones "tendrán el problema de no haber tenido una vigilancia y de no haber sido diligentes su hacer su trabajo porque han ido mermando los controles y la vigilancia en todos los temas, pero ya está bien de echar la culpa a lo público, en estos casos la mayor responsabilidad recae en los empresarios, los que delinquen son los primeros culpables y caradura; son los empresarios los que han defraudado, no las administraciones".