SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las federaciones de la construcción de los sindicatos CCOO-A y UGT-A estudiarán emprender acciones legales en los juzgados, incluso por la vía penal, ante la falta de acuerdo con los empresarios de la construcción para aplicar en los convenios provinciales la subida salarial pactada a nivel nacional, una "cerrazón" ante la que las centrales responderán con la convocatoria de movilizaciones en toda Andalucía, que pueden culminar en una huelga general en todo el sector en la Comunidad.
Según indicaron a Europa Press fuentes de ambos sindicales, los actos de conciliación celebrados hoy en los Sistemas Extrajudiciales de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Almería, Málaga y Jaén para exigir el cumplimiento de la subida salarial pactada a nivel nacional se resolvieron sin acuerdo.
Ese resultado negativo se suma al obtenido la semana pasada en el acto de conciliación celebrado entre sindicatos y patronal en Granada, y se contrapone al acuerdo alcanzado en Huelva, donde la patronal de la construcción en dicha provincia, Upeco, alcanzó un acuerdo con los trabajadores por la que se aplicó la revisión salarial del 3,5 por ciento, haciendo "un ejercicio de responsabilidad por parte de la patronal".
Fuentes de las patronales recordaron que los planteamientos de todas las asociaciones provinciales de la construcción son "homogéneos", aunque recordaron las "especiales circunstancias" que concurren en Huelva, donde la patronal del sector no pertenece a la Federación Onubense de Empresarios (FOE).
Por ello, los sindicatos, que reiteraron sus llamamientos a la "responsabilidad" de los empresarios para que "cumplan el acuerdo alcanzado a nivel nacional", estudiarán acudir a la vía judicial e interpondrán conflicto colectivo ejerciendo medidas legales ante los tribunales para denunciar el impago de las cantidades adeudadas y exigir la aplicación de la subida salarial del 3,5 por ciento, puesto que "tenemos sentencias de la Audiencia Nacional donde se apunta que el IPC previsto es del dos por ciento".
Asimismo, están preparando un calendario de movilizaciones, que pueden iniciarse en este mes o inicios de julio, en el que no se descarta manifestaciones, concentraciones e incluso jornadas de paro o huelga en el sector y que se podrían "prolongar en el tiempo si la patronal mantiene su postura cerrada". Esos paros, que podrían afectar a las obras de los planes estatal y andaluz de reactivación del sector, afectarán a unos 304.000 trabajadores.
Según indicó a Europa Press el secretario general de MCA UGT-A, Manuel Jiménez, la patronal en las seis provincias citadas "está haciendo un ejercicio de sinrazón, racanería, que no tiene ningún sustento legal".
A su juicio, los empresarios "están robando y metiendo la mano en la cartera a los trabajadores de la construcción, pero también al conjunto de ciudadanos andaluces".
Jiménez cuantificó las cantidades que los empresarios les adeudan por el impago de esa subida salarial en 120 millones de euros, una cifra que "se está ahorrando la patronal".
El portavoz de MCA UGT-A anunció que se preparan "movilizaciones contundentes, que pueden concluir en huelga general en el sector, porque no vamos a permitir que se sigan riendo de nosotros".
PEDIR LA MEDIACIÓN DE LA JUNTA
Por su parte, el secretario general de Fecoma CCOO-A, Ángel Gómez, lamentó el "incumplimiento" del convenio general, con vigencia 2007-2011, por parte de los empresarios, cuando dicho convenio contempla que la subida para este año es del dos por ciento más 1,5 por ciento previsto.
"Entendemos que el sector tiene dificultades, pero hemos tenido años de bonanza y grandes beneficios, pero los beneficios no han venido acompañadas de subidas salariales, por lo que exigimos que se cumpla lo pactado", añadió Gómez, quien aseguró que los sindicatos no van a estar "impasibles", puesto que "tenemos la fuerza de la razón".
Asimismo, los sindicatos pedirán a la Junta que medie para tomar medidas y consideró necesario el establecimiento de un convenio regional.
Gómez apuntó que los trabajadores "pondremos toda la carne en el asador para reclamar atrasos", por lo que anunció que los servicios jurídicos de los sindicatos están estudiando la posibilidad de interponer una denuncia por la vía penal por apropiación indebida de más de 100.000.000 euros que las empresas han dejado de abonar en concepto de subida salarial en los cinco primeros meses de 2009.