SEVILLA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CGT se ha hecho eco de la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) de la Junta de Andalucía, que se ha pronunciado contra varios pliegos de condiciones para contratar a los monitores de educación especial en la escuela pública tras los recursos presentados por empresas privadas en Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, para requerir a la administración regional que asuma la gestión directa de estos profesionales.
En este sentido, el colectivo anunciaba recientemente que trataba de impulsar una proposición no de ley (PNL) que suponga la reversión de puestos privados a públicos. Según precisaba a Europa Press la presidenta de la Asociación de Integradores Sociales de Andalucía (AISA), María Luz Salguero, la intención es que las nuevas contrataciones puedan hacerse bajo criterios específicos de titulación y en las preceptivas condiciones legales.
CGT, en una nota, señala como "inasumible" poder prestar este servicio cuando se oferta a un precio "muy por debajo del mercado" y que no permite llegar a los salarios fijados en el convenio colectivo del sector. "Esto explica las penosas situaciones en las que los monitores están cobrando sin nóminas y por debajo de los salarios establecidos en convenio: pocos se animan a denunciar ante Inspección de Trabajo porque ello supondría el despido inmediato", indica.
Tras aludir a salarios y condiciones laborales de "esclavitud" sostenidas y amparadas por la administración socialista andaluza, la central sindical recuerda que, según el TARC, los cálculos de las empresas privadas que recurren son correctos y que ello supone que "no existe apenas margen para cubrir los gastos necesarios y así garantizar la correcta ejecución" del servicio, "máxime teniendo en cuenta que el factor humano es un elemento esencial en este contrato".
Una vez el tribunal insta a que se anulen los pliegos, CGT exige que la Junta contrate directamente a todo el personal que actualmente viene desempeñando las funciones de monitor escolar, "aumentando las dotaciones con el dinero que se ahorrará de no pagar los beneficios empresariales privados".
