SEVILLA, 31 May. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Sevilla ha condenado a una mujer de 36 años de edad por un delito contra la salud pública, después de que dentro de su vivienda fuesen descubiertos envoltorios de cocaína que arrojaban un peso bruto total de 340 gramos y un peso neto 311 gramos, con grados de pureza siempre superior al 84 por ciento, que tenía para su distribución a terceros, una droga valorada en 19.201 euros.
En una sentencia emitida el pasado 22 de mayo y recogida por Europa Press, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla declara probado, de conformidad entre las partes del proceso judicial, que la acusada en este caso es Tania G.C., de 36 años actualmente y ya condenada ejecutoriamente al tiempo de los hechos por delito contra la seguridad vial, no computable a efectos de reincidencia en este proceso.
En ese sentido, el relato de hechos probados aceptado por la inculpada señala que "como consecuencia de un incendio ocurrido en esta ciudad y posteriores investigaciones llevadas a cabo por el Grupo II de la Unidad de Droga y Crimen Organizado, se tuvo conocimiento de la tenencia de cocaína con fines de tráfico ilícito en la vivienda habitada por Tania G.C.", tras lo cual con mandamiento judicial fue acometido un registro policial en dicho inmueble el 17 de Noviembre de 2021.
COCAÍNA DENTRO DE LA VIVIENDA
En el registro, los agentes de la Policía Nacional descubrieron tres envoltorios medianos y siete pequeños "de una sustancia compacta de color blanco que resultó ser cocaína predestinada al tráfico ilícito por la acusada, con un peso bruto total de 340 gramos y un peso neto 311,56 gramos, siendo la pureza de los tres primeros envoltorios del 84,9 por ciento, 84,51 por ciento y 86,76 por ciento y los siete últimos envoltorios con una pureza del 86 por ciento".
Según el relato de hechos probados de la sentencia condenatoria, "el valor en el mercado ilícito de las sustancias asciende a 19.201,29 euros".
Dado el caso, Tania G.C. resulta condenada a un año y medio de cárcel por un delito contra la salud pública con la atenuante muy cualificada de drogadicción, así como a una multa por valor de 10.000 euros, si bien su pena de prisión queda suspendida siempre que no delinca durante un plazo de dos años y que acometa 108 días de trabajo en beneficio de la comunidad.
