Condenan al Servicio Andaluz de Salud por vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Sevilla ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical ante su reiterada negativa a facilitar información al Sindicato de Enfermería (Satse). Además, la sentencia, ganada por la asesoría jurídica de Satse en Sevilla, reconoce el derecho del sindicato a obtener la información solicitada a la vez que condena al SAS al pago de las costas procesales.

En concreto, la sentencia señala que el SAS ha vulnerado el artículo 28.1 de la Constitución Española, que recoge el derecho de libertad sindical, al denegar la información solicitada por el sindicato para poder realizar su labor. En este caso, explica Satse, se trata de datos solicitados a la dirección del Hospital Virgen del Rocío sobre retribuciones por continuidad asistencial y jornada complementaria, información que fue reclamada por escrito hasta en cuatro ocasiones obteniendo sólo silencio administrativo por parte de la Dirección del centro.

Ante esta situación, indica el sindicato en un comunicado, en el fallo judicial la juez comparte el razonamiento expuesto por el Sindicato de Enfermería al estimar que los datos solicitados, respecto de los que no se ha facilitado la información, son precisos para poder ejercer de forma real y efectiva el derecho de acción sindical. Por tanto, la sentencia concluye reconociendo la legitimación del sindicato y su derecho a obtener la información solicitada a la vez que impone el pago de las costas procesales al Servicio Andaluz de Salud.

El Sindicato de Enfermería ha valorado la sentencia ya que deja en evidencia las trabas de la Administración sanitaria andaluza para ejercer la labor de control sindical. Por eso, concluye Satse, lamentando que "la falta de transparencia" de los gestores del SAS derive en una judicialización de simples actos administrativos generando un despilfarro de dinero público y dilatación en la resolución de los conflictos, al tener que recurrir a la Justicia para obtener una información cuyo acceso le corresponde por derecho.