Montero dice que con esta ley se cierra un paquete legal en referencia a la ley de investigación con células madre y de clonación
SEVILLA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó hoy el proyecto de la ley que regulará en Andalucía el derecho de los ciudadanos a recibir consejo genético para detectar y prevenir posibles enfermedades de base genética, así como las condiciones de realización de análisis genéticos con fines de asistencia sanitaria e investigación biomédica. Este texto legal recogerá, asimismo, la creación del Banco Público de ADN de Andalucía, que trabajará en red, aunque tendrá su nodo central en Granada, al tiempo que establecerá el régimen jurídico de los bancos de ADN privados.
Durante su comparecencia al término de la reunión del Consejo, la titular andaluza de Salud, María Jesús Montero, destacó que la futura norma, "pionera" en el conjunto del Estado y otros países de la UE, será la primera en concretar el derecho al consejo genético y a la medicina predictiva, tal y como recoge el artículo 22 del nuevo Estatuto de Autonomía.
De igual forma, subrayó que dicha ley "cierra un paquete legislativo", en referencia a los pasos que la Administración sanitaria andaluza ha ido dando en los últimos tiempos para otorgar un paraguas legal en cuanto a las investigaciones con células madre de origen embrionario, el uso de la técnica de reprogramación celular con fines terapéuticos --comúnmente conocida como clonación terapéutica-- y ley de genética.
Según dijo, esta "triple garantía" sitúa a la comunidad andaluza "a la vanguardia de la comunidad internacional en desarrollo normativo, en apuesta de terapia de futuro y en foco de atracción para los investigadores y para la industria privada".
De igual modo, consideró que esta ley permitirá incorporar "con mayor rapidez y seguridad" a la comunidad autónoma los avances científicos que se produzcan en el campo de la genética humana "garantizando la plena protección de los derechos de la persona y favoreciendo la investigación en genética de Andalucía, desde el mayor de los respetos a los derechos éticos y sociales".
En cuanto a los contenidos y preceptos que recoge esta última ley que contempla la regulación del consejo genético y los bancos de ADN, Montero detalló que entre sus objetivos fundamentales se encuentran la salvaguarda de los derechos de los pacientes, la garantía máxima de calidad en la realización de los análisis y el establecimiento de un marco de seguridad jurídica para los investigadores.
De acuerdo con el texto, los andaluces podrán recibir información sobre la posibilidad de padecer una enfermedad de base genética, al tiempo que tendrán derecho a recibir el consejo sobre las ventajas y consecuencias de realizarse análisis genéticos para identificar la existencia de problemas que puedan predisponer al desarrollo de una enfermedad.
Una vez recibido el consejo, la persona otorgará un consentimiento informado, "por escrito, aunque con carácter revocable", previo a la realización de los análisis. Esto supone que el usuario deberá tener acceso a información "comprensible" acerca de la finalidad de la prueba, la posibilidad de hallazgos inesperados, las alternativas existentes, el modo en que se extraerá la muestra, el lugar en que quedará almacenada y la trascendencia del análisis para los descendientes y familiares del paciente.
Igualmente, el proyecto de ley establece el derecho del paciente a no ser informado de los resultados obtenidos si no lo desea. Sea como fuere, la consejera del ramo también quiso dejar claro al hilo de ello que todos los datos resultantes quedarán sujetos a requisitos de protección y, por tanto, de confidencialidad.
CRIBADOS GENÉTICOS
El texto legal regula, asimismo, la realización de cribados genéticos, es decir, pruebas dirigidas a grupos de población amplios --a diferencia del consejo genético que es individual y que atiende a posibles enfermedades de base familiar hereditaria--, que pueden beneficiarse "en un futuro" de intervenciones médicas preventivas.
En concreto, Montero explicó que estos cribados genéticos tratarán de determinar, a priori, la probabilidad de que un grupo poblacional de riesgo pueda desarrollar en un futuro una enfermedad de base genética, como por ejemplo la fibrosis quística en niños.
De llegarse a este caso, por ejemplo a la determinación de que un grupo de niños son portadores de un condicionante genético que les predispone a padecer fibrosis quística, la regulación de estos screening genéticos permitiría establecer tratamientos preventivos para que esta población diana no desarrolle la enfermedad o al menos la retrase en el tiempo.
Estos programas, promovidos por la Administración sanitaria, se centrarán en enfermedades para las cuales existan procedimientos analíticos y unos tratamientos adecuados. Serán determinados por la Consejería de Salud, previo informe de la Comisión Autonómica de Ética e Investigación Sanitarias.
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
En cuanto a la regulación de los análisis genéticos para investigación biomédica, sólo se permitirán los dirigidos a mejorar la salud y calidad de vida y prevenir la aparición de enfermedades. Estos estudios deberán contar con la autorización expresa de la Consejería de Salud e informe favorable de la Comisión Autonómica de Ética.
También en este caso será necesario el consentimiento informado de las personas donantes, en el que deberá detallarse el objetivo de la investigación y los beneficios que se esperan, quién es el responsable y la gratuidad de la donación de la muestra.
Tanto para los análisis individuales como para los de cribado poblacional e investigación biomédica, el proyecto establece garantías de confidencialidad, protección de la dignidad y no discriminación en función de los datos genéticos.
BANCOS DE ADN
El proyecto de ley prevé también la creación del banco público de ADN de Andalucía, que asumirá la recepción, el procesamiento y el almacenamiento de las muestras resultantes de los análisis genéticos en los hospitales públicos andaluces, así como la información asociada a las mismas. Este banco funcionará en red, con un nodo central ubicado en Granada.
Por su parte, los bancos privados deberán contar con autorización administrativa para su instalación y funcionamiento, y será la Consejería de Salud el organismo de la Junta que desarrolle la labor de catalogación, acreditación, vigilancia, inspección y sanción de los mismos.
