Consistorio aprueba un baremo para acceso a viviendas con urgencia social y anuncia la ocupación en breve de 25

SEVILLA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado el establecimiento de un baremo unitario para la adjudicación de viviendas a familias en proceso de intervención social y en riesgo de exclusión con necesidad urgente de vivienda para "reducir su vulnerabilidad". Además, según explica la delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, Dolores de Pablo-Blanco, el listado que se compondrá con esta baremación será actualizado cada cuatro meses y comenzará a realizarse el lunes para que puedan acceder a las viviendas "lo antes posible".

Así, indica que se prevé una "adjudicación inmediata" en unas 20 o 25 viviendas incorporadas a las 151 viviendas sociales que habían estado adscritas a la antigua Oficina Técnica de Asesoramiento al Inquilino en situación de abuso (Otainsa) y que fueron transferidas a la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento (Emvisesa). Sin embargo, señala que hay unas 300 familias, según los primeros sondeos, que entrarían en esta baremación y cuyas peticiones se centralizarán en los centros de servicios sociales, eliminando "el auténtico peregrinaje que tenían que hacer antes".

Según el acuerdo, recogido por Europa Press, estas familias quedan así exentas de la obligación de adjudicación mediante el registro público municipal de viviendas y serán incluidos en una lista de reserva para el acceso a estos inmuebles si los ingresos de la familia, en el año anterior a la fecha de baremación, no han superado unos determinados umbrales en función de la renta a abonar en cada vivienda.

Así, este umbral se establece en 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) para todas las viviendas sociales en régimen de alquiler, mientras que aquellas que tengan establecida una renta mensual del cinco por ciento de los ingresos líquidos de la familia o otro tipo de alquiler social en atención a sus circunstancias se establece como requisito de acceso a esa lista de reserva el de no superar los ingresos familiares 1,5 veces el IPREM anual en vigor, ponderado en función al número de miembros de la unidad familiar. En este último caso, no se pedirá solvencia económica, mientras que al resto sí una mínima suficiencia, es decir, que cuente con algunos ingresos.

Además, quedan exentas de la aplicación de la lista de reserva de unidades familiares baremadas aquellas en las que resulte urgente su acceso a una vivienda ya sea porque se encuentre en grave exclusión social o en proceso de realojo.

En este marco, De Pablo-Blanco explica que se trata de facilitar el acceso a estas viviendas, dando una herramienta a las Unidades de Trabajo Social (UTS) para cuantificar objetivamente la necesidad de acceso a estas viviendas. Además, indica que esta baremación se basa en 74 puntos agrupados en cinco criterios para obtener un máximo de 600 puntos. Entre estos criterios, apunta a la composición de la unidad familiar, si tienen dependientes a su cargo o menores, entre otros; el alojamiento actual; las circunstancias familiares, como violencia de género; el nivel de intervención técnica con esa familia y su integración en programas para su reinserción o de reagrupación; y las circunstancias laborales, que se puntuará con hasta 100 puntos.

"Se garantiza la igualdad en el trato", sentencia la responsable de Asuntos Sociales, que explica que con Otaínsa existía un informe "parcial", mientras que ahora existe un baremo que integra hasta 74 puntos para hacer un análisis "más completo". De Pablo-Blanco espera que la ocupación de las viviendas sea "inmediata" e insta a otras administraciones públicas a poner sus viviendas vacías a disposición del Ayuntamiento de Sevilla para atender las necesidades de la ciudad, especialmente en áreas como el Polígono Sur o Tres Barrios-Amate.

Por último, ha subrayado que todas estas acciones se realizan sin una inversión extraordinaria y con recursos propios de la Delegación de Familia, apuntando a la labor de unos 300 técnicos.