Alerta del aumento de adjudicaciones "a baja temeraria" y cree que el modelo de colaboración público-privada "no puede funcionar"
SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) pidió la dimisión de la consejera de Obras Públicas y Transportes, Rosa Aguilar, ante la "paralización" de la propia Consejería y de sus adjudicaciones, según indicó el presidente de Ceacop, Enrique Figueroa, quien anunció además que los constructores están estudiando efectuar una objeción fiscal, esto es, no pagar y aplazar el pago de impuestos y tasas como IVA o cuotas a la Seguridad Social, ante los "retrasos" en los pagos por las obras acometidas, que "en algunos casos llega a atrasos de años".
Figueroa lamentó que desde la toma de posesión de Rosa Aguilar como consejera en abril "no se ha licitado, no se ha adjudicado ni se ha contratado nada ni tampoco se pagan los cobros atrasados, de forma que la situación no se normaliza", por lo que indicó que la junta directiva de Ceacop aprobó pedir la dimisión de la consejera, "pues la Consejería lleva siete meses paralizada, y eso no hay sector que resista y aguante".
Consideró que el Gobierno andaluz "se debe poner las pilas mucho más, la región no se puede parar" y apuntó que la petición de dimisión "puede hacerse extensa al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, por no reordenar la contratación pública, donde Obras Públicas es el máximo organismo inversor".
Figueroa alertó de la situación "tremendamente mala" del sector de la construcción ante la falta de licitaciones y adjudicaciones y el descenso de las contrataciones, de forma que, según apuntó las licitaciones de la Junta de Andalucía descendieron en un 44 por ciento este año y la contratación descendió más del 40 por ciento en 2009 en relación con el año pasado, una situación que también se genera en otras administraciones públicas.
Asimismo, el presidente de Ceacop alertó del aumento y la generalización de adjudicaciones a baja temeraria ante la gran cantidad de empresas que optan a cada proyecto, algo que "la Junta está potenciando" y por la que se están adjudicando las obras a aquellas ofertas por debajo del precio de salida "incluso con descensos del 35 ó 40 por ciento del precio", algo que, a su juicio, "puede llevar a un incremento en el cierre de las empresas y supone poner empresas en peligro".
Precisó que en el caso, por ejemplo de la Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Consejería de Obras Públicas, esas adjudicaciones a baja temeraria supone más del 50 por ciento del total de obras adjudicadas, lo cual a su juicio es "gravísimo". No obstante, apuntó que esta práctica también ocurre en otros organismos como la Agencia Andaluza del Agua, Egmasa o numerosas empresas públicas y alertó de que esta práctica "puede llevar a la ruina las sector".
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y RETRASOS EN LOS PAGOS
Asimismo, criticó el modelo de colaboración público-privada para la financiación de inversiones públicas, fórmula que incluirá en los próximos presupuestos de la Junta para 2010, y que, en su opinión, dicho modelo "no puede funcionar si la banca no cambia de actitud", puesto que "en los momentos actuales de crisis la banca no financia nada y las empresas deben obtener financiación a través de la banca", de manera que "con este modelo de financiar inversiones puede ocurrir como con el Plan de Vivienda, que se viste muy bonito pero después no se puede llevar a cabo".
"Va a costar mucho trabajo poder llegar a ese modelo de financiación público-privada, puesto que el problema de la falta de financiación es ser el primero para las empresas", agregó Figueroa, mientras que la gerente de Ceacop, Ana Chocano, puntualizó que dicha fórmula de colaboración "no tiene forma y solo es un protocolo de intenciones, pero no nos han dejado participar ni hacer sugerencias al mismo, no sabemos cómo se va a materializar, sólo sabemos la filosofía pero no tenemos nada de proyectos concretos".
Además, Figueroa alertó de los retos en los pagos por parte de los organismos públicos. De esta forma, las certificaciones ordinarias "pueden tardar en pagarse entre 40 y 60 días", indicó la gerente de Ceacop, quien precisó que los pagos por modificación de proyectos "pueden tardar en pagarse hasta años".
"No se está cumpliendo lo que marca la Ley de 60 día como plazo máximo para el pago en ninguna administración y en las empresas públicas es mucho peor", aseveró Chocano, por lo que, según indicó Enrique Figueroa, la junta directiva pedirá a sus empresas asociadas que lleven a cabo a la vez una objeción fiscal en tributos como el IVA o la Seguridad Social, "pues el sector sigue siendo un mero pagador de impuestos, e incluso paga antes de cobrar".
Así, planteó que el IVA se pague cuando se cobre "no cuando se emita factura" y demandó la desaparición de avales provisionales y que se pague "en fecha, como marca la Ley, antes de 60 días".
INCIDENCIA DE LOS PLANES ESTATAL Y AUTONÓMICO
Figueroa consideró que iniciativas públicas como el Plan E estatal o el Proteja autonómico "no está consiguiendo rebajar el número de desempleados en el sector de la construcción, e incluso se va a aumentar cuando concluyan algunas obras", de forma que se han perdido en torno a 200.000 empleos en el sector en Andalucía y se espera un descenso en el empleo del 25 por ciento para finales de este año o inicios de 2010.
A su juicio, estos planes "ayudaron en parte al sector pero no ha paliado la baja contratación que se está registrando en todos los organismos, especialmente en la Junta de Andalucía, con el consiguiente aumento del paro en el sector".
Por ello, Figueroa se lamentó de que el panorama para 2010 es "complejo y duro" y será "mucho peor cada día", según todas las consultas realizadas por el sector, puesto que "las adjudicaciones serán más bajas que las de este año", de manera que consideró que el año próximo "no sabremos hasta cuando podremos aguantar".
