SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto actuación de oficio ante las viceconsejerías de las consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía y delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, por la "demora" de provisión de vacantes en las consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía, tanto servicios centrales como periféricos.
En su escrito de queja, el Defensor pone de manifiesto que "el retraso en las convocatorias de concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes afecta a la carrera y promoción de los empleados públicos que constituye un derecho y una garantía para el trabajador, tal y como se recoge en el Estatuto Básico del Empleado Público".
De esta forma, el Defensor recuerda que la última convocatoria "tuvo lugar hace 27 meses, siendo el plazo reglamentario de periodicidad semestral".
Además, aludiendo a la normativa actual, la posibilidad de facilitar los medios para acceder a puestos con mayor grado de cualificación y responsabilidad, constituye "un instrumento de mejora de la calidad del servicio y de la gestión administrativa".
Para esta institución andaluza "la cesación o ralentización tan prolongada de la actividad administrativa en los procedimientos de provisión, mediante concurso de méritos sin una justificación objetiva, puede constituir una vulneración de los citados principios constitucionales de eficacia y coordinación, que además puede situar a la Administración de la Junta de Andalucía, y en su caso, a las distintas consejerías y delegaciones de Gobierno, ante una conculcación de los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad garantizados por la Constitución, que estaría afectando a los derechos profesionales de los empleados públicos al servicio de la Junta".
Esta actuación de oficio va dirigida a todas las consejerías de la Junta de Andalucía, todas las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.
Asimismo, tras recordar que las convocatorias de los concursos "deberán efectuarse al menos con una periodicidad semestral", el Defensor ha indicado que a día de hoy, han transcurrido casi tres años desde la última convocatoria del concurso y nueve meses desde la resolución del mismo, "con una demora de más de 27 meses sin que se convoque concurso de méritos, por parte del órgano competente".
Por ello, la oficina del Defensor estima que "la cesación o ralentización tan prolongada de la actividad administrativa en los procedimientos de provisión, mediante concurso de méritos sin una justificación objetiva, puede constituir una vulneración de los principios constitucionales de eficacia y coordinación, que además puede situar a la Administración de la Junta de Andalucía, y en su caso, a las distintas consejerías y delegaciones del Gobierno, ante una conculcación de los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad garantizados por la Constitución, que estaría afectando a los derechos profesionales de los empleados públicos al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía".
En este sentido, considera que "la demora en la convocatoria de concurso de méritos estaría afectando a la carrera y promoción de los empleados públicos que constituye un derecho y una garantía para el trabajador, lo cual ha de revertir en la disposición de los medios efectivos que posibiliten el acceso a puestos con mayor grado de cualificación y responsabilidad".
De esta forma, esta Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, en virtud de las facultades, atribuciones y competencias que le corresponden, ha decidido iniciar actuación de oficio, ante las viceconsejerías de las consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía y delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.
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