SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
Ante las declaraciones difundidas desde CCOO sobre los acuerdos plenarios de lucha contra la explotación laboral en el campo, la portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Sevilla, Trinidad Argota, ha defendido que "la Institución Provincial no tiene potestad ni competencias sobre las fuerzas de seguridad del Estado y los cuerpos de Inspección laboral, para perseguir el fraude y la explotación de trabajadores y trabajadoras en el campo, motivo por el cual, en la sesión plenaria correspondiente al mes de enero, esta Corporación aprobó, textualmente, apoyar la creación de una mesa estable de seguimiento de estas situaciones e instar al Gobierno central, que sí es competente en estos asuntos, a dar garantías contra estos hechos".
"No tendría ningún sentido -ha continuado diciendo la portavoz- una mesa para tales fines en la Diputación de Sevilla, ya que no podemos ejecutar ninguna acción contra estas prácticas delictivas; es el gobierno central el único que puede y debe actuar contra estos hechos que tan lamentablemente afectan a nuestro entorno más inmediato".
Argota ha reiterado que "la Diputación de Sevilla apoyará siempre todas aquellas iniciativas para acabar con situaciones ilegales y que dañen la dignidad de las personas, sea en el ámbito que sea y, en concreto, en el medio rural de la provincia de Sevilla, que necesita de un especial protección y que es la base económica de muchas familias de nuestros pueblos".
"Por ello -ha puntualizado- en la sesión plenaria del mes de enero decidimos exigir a la Junta de Andalucía y a la Subdelegación del Gobierno Central que articularan de forma inmediata un espacio de coordinación inter-administrativa para el diseño de un Plan Integral contra el fraude y la explotación laboral en el campo sevillano".
La portavoz del gobierno provincial ha invitado a los responsables de CCOO "a llamar a la puerta de quien tiene la responsabilidad y competencias para perseguir el fraude y la explotación, al igual que hemos hecho desde la Diputación de Sevilla, instando al Gobierno Central a garantizar que la jornada de trabajo se efectúe respetando los límites legales y pactados".
