SEVILLA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA) y representante de las asociaciones ecologistas en el Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio, Juan Antonio Morales, ha dicho que la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) es una medida "reprochable" porque supone "un efecto llamada hacia la urbanización ilegal", puesto que "acelera cada vez más el proceso de ocupación del suelo no urbanizable".
En declaraciones a Europa Press, Morales ha recordado que ya se dejó claro en el Parlamento que esta medida significa "una flexibilización del régimen del suelo no urbanizable". Así, señala que de ahora en adelante "lo más probable es que no se derribe la vivienda de todo aquel que construya una casa en una parcelación ilegal y transcurran seis años desde la edificación", ha agregado.
Asimismo, ha insistido en que esta medida supone "amnistiar", lo que "llevaría a archivar expedientes administrativos que implican a muchos". Para Morales, es un claro "revolcón a todo un Estado de Derecho, incluso mucho peor que la amnistía fiscal porque significa tirar por tierra y contradecir todo el trabajo de jueces, fiscales y policías". "Esto significa un retroceso", ha sentenciado.
Además, Morales recalca que a partir de ahora queda "absolutamente imprescriptible cualquier edificación que se haga sobre parcelaciones ilegales". "Lo que se está haciendo no es solo amnistiar a los que ya están, sino también a los futuros que construyan sobre parcelaciones ilegales", añade.
Por otra parte, desde los ecologistas se ha propuesto un conjunto de medidas porque el suelo urbanizable "está fuera de control ahora mismo". El presidente de ADTA asegura que, según los últimos estudios, las cifras sobre parcelaciones ilegales desde el año 2000 "han crecido cerca del 50 por ciento", por lo que el proceso "no se ha parado, sino que se ha acelerado y seguirá así con estas medidas".
En torno a ello, ha ofrecido un dato que afecta a Galicia, una comunidad que desde 2009 "ha realizado unos 600 derribos de inmuebles en suelo no urbanizable", mientras que la Junta, que empezó en 2008, "lleva unos 26 derribos hasta junio de 2015", según los datos que maneja.
Una de las propuestas que ha desglosado Morales "se centra en
ampliar los seis años y hacer imprescriptibles las construcciones de viviendas en suelo no urbanizable", algo que, según ha afirmado, "se está haciendo en Valencia, que amplió el plazo a 15 años en 2015, así como en País Vasco y Cantabria".
"Es cierto que hay comunidades en peor situación que Andalucía en este tema de la imprescriptibilidad", agrega, pero "abogamos por una política basada en cumplir la ley porque es sintomático que el Tribunal Constitucional (TC) le diera otro revolcón a la Junta el año pasado en este tema, donde se cargó dos o tres artículos de la LOUA, y uno de ellos tocaba el tema de la disciplina urbanística".
"La política se tiene que cambiar de una de regularización a otra para la defensa de la legalidad", ha precisado Morales a la misma vez que ha mostrado su comprensión con la situación "difícil" en la que se encuentran algunas personas, por lo que aboga por ser condescendiente con aquellos "que han actuado de buena fe". Otros, en cambio, "no actúan de esta forma, casi siempre los promotores, que pocas veces son señalados".
