SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -
La asociación Ecologistas en Acción ha remitido este viernes una carta a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en la que le anunciar que, de no considerar en una semana el recurso interpuesto por la federación contra la reapertura de la mina de Riotinto, en Huelva, y no rectificar la negativa a la personación del colectivo, acudirá a denunciar a los juzgados "contra el consejero, la Dirección General y cualquier persona responsable".
Ello, según ha explicado a Europa Press el coordinador del Área de Minas y Canteras de Ecologistas en Acción de Andalucía, Antonio Ramos, se da después de que la Junta haya girado respuesta en la que subraya que el recurso es "extemporáneo" y que la agrupación no es una entidad interesada en el proceso, "cuando desde 2010 tenemos acreditado que nos proporcionan los documentos".
Y es que el caso de la mina de Aznalcóllar, que la Junta ha paralizado después de que un juzgado haya alertado de irregularidades, no es sino "la punta del iceberg" de todos los problemas de las concesiones mineras, pues "tras anunciarse un proceso internacional transparente a bombo y platillo, con un nuevo modelo de hacer las cosas, la situación actual vuelve a reflejar los vicios de toda la cuestión minera desde hace décadas".
En un comunicado, por otra parte, Ecologistas señala que el auto sobre la concesión de la mina de Aznalcóllar determina que la Junta de Andalucía ha incurrido presuntamente en delitos muy graves, como son la prevaricación y el tráfico de influencias y viene a confirmar que la Junta sigue anteponiendo el mantenimiento de su red clientelar a la defensa de Andalucía".
La asociación recuerda que hace poco manifestaba que la empresa adjudicataria de la explotación, Grupo México, "tenía un currículum de echarse a temblar, con varios vertidos de extrema gravedad ocurridos en sus explotaciones mineras en México y que han supuesto el envenenamiento del río Sonora: la Junta lo sabía, pero ha pugnado por esta empresa".
Para la federación, la administración andaluza "no es de fiar", ya que "antepone intereses, en muchos casos inconfesables, a la seguridad ambiental, y aunque los proyectos incorporen compromisos de garantías ambientales, la práctica demuestra que no tiene ninguna intención de hacerlos cumplir".
