SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
La asociación Ecologistas en Acción ha calificado de "pésima noticia" el Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988 aprobado en el Consejo de Gobierno, al entender que supone una "frivolidad" y una "irresponsabilidad total" en tanto que, en opinión del colectivo, busca "favorecer con irregularidades" en base a "intereses particulares y amiguismos".
La portavoz de Ecologistas en Acción de Andalucía, Dolores Yllescas, ha señalado a Europa Press que el procedimiento materializado este viernes "no tiene pies ni cabeza" y es "arbitrario", ya que implica "cargarse una de las mejores leyes de la democracia" al objeto de "privatizar de facto gran parte de nuestro litoral".
"Se conceden excepciones a urbanizaciones que no cumplen con la antigua ley de una manera arbitraria y caprichosa", ha lamentado Yllescas, que, al respecto, ha apuntado a que si la modificación tenía como finalidad introducir seguridad jurídica, "hace todo lo contrario".
En este sentido, la portavoz de Ecologistas en Acción de Andalucía ha subrayado que, frente a la existencia de instalaciones de propietarios extranjeros que alegaban desconocimiento y haber sido estafados, "lo que hay que hacer es recurrir la estafa, pero no la ley". Y es que, ha recordado, "somos muchos los ciudadanos que estábamos absolutamente satisfechos con unas costas totalmente públicas, y con lo de ahora se privatiza de facto".
Ha añadido que, contra esta "horrible" situación, "alguien tendría que proponer que la Ley de Costas vuelva a su carácter inicial", puesto que la modificación ha sido "desastrosa, arbitraria y carente de sentido desde el punto de vista científico".
El nuevo texto normativo resolverá la situación de vencimiento de las concesiones previstas en la anterior norma, la Ley de Costas de 1988, ya que calcula que hay cerca de 10.000 viviendas en dominio público marítimo terrestre (DPMT), la mayoría con un derecho anterior a 1988. En este punto, Medio Ambiente precisa que solo en 2018 expirarán alrededor de 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición.
De este modo, el Gobierno pretende acabar "con la indeterminación y ambigüedad existente desde hace décadas" que ha permitido, según Medio Ambiente, la proliferación de diversas ocupaciones irregulares. Además, el Ejecutivo considera que la nueva Ley generará confianza en actividad económica al contabilizar cerca de 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras "de un elevado volumen de empleo". Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales y cerca de 3.000 'chiringuitos' --unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos--.
