ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
La concejal no adscrita del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Laura Ballesteros, ha denunciado ante la Policía Nacional a la portavoz del Gobierno local socialista, Miriam Burgos, y a su padre y a la sazón exconcejal Juan Antonio Burgos, por supuesta difamación a cuenta de comentarios en las redes sociales que le atribuyen la autoría de "chantaje y amenazas". La nueva polémica gira en torno a la grabación en la que el contable de la ya extinta sociedad Comunicación Municipal (ACM) aludiría a la financiación de diversos gastos privados, incluso del alcalde, con cargo a los fondos de esta empresa municipal.
"Desde que comenzó a conocerse el tema de las posibles irregularidades en ACM nos han venido sometiendo por parte de miembros del Partido Socialista de Alcalá a una situación que hoy en día se podría denominar de acoso. Se comenzaron con advertencias, y cuando se fue avanzando en este proceso se llegaron a los insultos y en la actualidad a las amenazas, insultos y continuas difamaciones hacia mi y hacia mi familia", dice Ballesteros en un comunicado anunciando "las acciones legales oportunas".
"Existen todos los indicios claros de una campaña orquestada y premeditada para desacreditar a testigos en el caso ACM y desviar la atención de los verdaderos hechos", denuncia la concejal no adscrita rememorando la "campaña de difamación" sufrida por el sindicalista de CCOO José Luis García.
El gesto de Ballesteros surge tras haber interpuesto ya "tres denunciar por amenazas, insultos y por calumnias y difamación". "Se me acusa de chantaje y amenazas y eso es una acusación muy grave que deberá ser juzgada", señala Ballesteros, quien recientemente revelaba que en el último trimestre de 2011 ella misma, junto a otros militantes socialistas, habría alertado ya al alcalde y a la cúpula local del PSOE de que ACM era el escenario de "irregularidades" y situaciones de "acoso laboral".
El asunto parte de una denuncia entregada el 19 de junio de 2013 por las fuerzas de oposición en la Fiscalía de Dos Hermanas relativa a los gastos de esta sociedad municipal entonces en periodo de liquidación. Dicha denuncia contendría una grabación en la que el contable de la sociedad hablaría de la supuesta financiación de gastos particulares y privados de todo tipo con cargo a las cuentas de la entidad, figurando el propio alcalde entre los beneficiarios de esta práctica según el testimonio del contable.
Tras casi un año sobre el caso, la Fiscalía de Dos Hermanas resolvió elevar las actuaciones a la Fiscalía del Tribunal Supremo al tratarse del "órgano competente para su instrucción", toda vez que el alcalde alcalareño, Antonio Gutiérrez Limones, goza como es sabido de la condición de aforado al ostentar un acta de senador por la comunidad autónoma de Andalucía. La Fiscalía del Tribunal Supremo, no obstante, resolvió devolver a la Fiscalía de Dos Hermanas las actuaciones, y está última ha trasladado su denuncia al Juzgado Decano de Alcalá para que se incoe "el correspondiente procedimiento judicial".
