La Junta recuperó el dinero en 9 de los 18 expedientes de reintegro de 2010 a 2012

SEVILLA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La ex interventora general de la Junta de Andalucía Rocío Marcos apunta que se han contabilizado 18 expedientes de subvenciones a la formación que dieron lugar a expedientes de reintegro, analizados entre 2010 y 2012 --período en el que ella ocupó ese cargo--, y de ellos en nueve se ha recuperado el dinero, tras lo que ha criticado la falta de medios en la Intervención y ha reconocido el retraso de dos años en la justificación de subvenciones, de forma que "2007 y 2008 estaban sin justificar".

   Marcos, que fue interventora general de abril de 2010 a mayo de 2012, ha comparecido en la comisión de investigación sobre las subvenciones otorgadas por la Junta en materia de formación profesional para el empleo, donde ha lamentado la escasez de recursos humanos y de medios a la hora de acometer los diversos tipos de fiscalización.

   Asimismo, considera que el cambio de naturaleza jurídica y de adscripción del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) "no fue un hecho aislado sino algo generalizado" y ha reconocido que hubo un período de transición "largo", de cerca de un año, entre los cambios en sus estatutos para pasar a ser agencia de régimen especial, en 2011, y el "cambio real" en el SAE, hasta inicios de 2012, lo cual influyó en la manera de analizar los expedientes de subvenciones.

   Así, ha precisado que en el SAE entre abril de 2011 y enero de 2012 "siguió funcionando la fiscalización interventora, de carácter previo, pues la transición entre un régimen normativo y otro fue muy larga". Ha recordado que junto al SAE, en esa reordenación otros entes instrumentales cambiaron de naturaleza jurídica, por lo que "fue un cambio normativo  general y el cambio en el SAE no fue algo aislado".

   La ex interventora general ha considera que en esos dos años en los que estuvo de interventora general "ni en la concesión ni en el pago de las subvenciones ha existido incidencias de significación, salvo retrasos importantes en las justificaciones". Ha apuntado que "mientras no se justificasen las subvenciones, proceso que llevaba hasta dos años de retraso, es difícil saber si hay problemas".

   Ha recordado que "el procedimiento de control de la Intervención es un proceso tasado, que no esta diseñado para controlar el fraude, sino que el control interno determina dónde nos podemos meter y donde no, está diseñado para verificar que las organizaciones funcionen bien".

   "Los controles son reglados y tasados, y están dentro de normativa rigurosa, lo cual implica limitación de medios, objetivos y también limitación en los efectos", ha aseverado Marcos, quien reconoce que "a veces faltan ciertas herramientas que permitirían ver más".

   No obstante, ha defendido que los interventores de la Junta "son muy profesionales y trabajan muy bien, aunque si hay incidencias más allá de cuestiones documentales, no sé si es fácil verlo".

   "Las facturas deben ser coherentes y relacionadas con el objetivo", ha aseverado la ex interventora, quien reconoce que ante una gestión ineficiente "puede haber problemas de interpretación". A su juicio, "al gestionar subvenciones tan importantes y durante tanto tiempo se pueden producir muchas incidencias, lo cual exige una gestión muy rigurosa, y si ese proceso falla en todo o en parte, las posibilidades de error pueden ser importantes".

   Ha precisado que se "hizo un esfuerzo para paliar el retraso y nos colocamos de nuevo en márgenes de cierta normalidad", en el caso de los controles en función interventora, que se realizan de manera previa, mediante certificados de los órganos gestores de las ayudas.

   Sobre el segundo tipo de control, el control financiero, aplicable al sector instrumental en general, que supone "hacer el control a posteriori", ha recordado que a raíz de esos informes otro ex interventor general, Adolfo García, "decidió realizar informes especiales sobre ayudas de formación por las deficiencias observadas".

   Marcos ha apuntado que de los 18 expedientes de subvenciones fiscalizados en esos dos años en materia de formación para el empleo, "16 son subvenciones regladas a CCOO, UGT y CEA, expedientes de 2010 y 2011 de convenios para desarrollar planes de formación profesional", mientras que otro fue una subvención nominativa a Faffe y otro una subvención excepcional a la Fundación para el Empleo de Cádiz.

FALTA DE MEDIOS Y RETRASOS

   La ex interventora general ha reconocido que en esos años "ha existido un problema de falta de medios", lo que ha derivado en los retrasos, toda vez que "el presupuesto se multiplicó por dos en diez años y los medios no tuvieron incremento paralelo, ni aumento de medios ni oferta de empleo público", de forma que "gestionó el doble del presupuesto con la misma estructura", algo que ha influido en los retrasos, de forma que "se creó una bola por la falta de medios".

   "Había los mismos medios para controlar mucho más y con innumerables nuevas obligaciones impuestas a los interventores, y en áreas con responsabilidad gravísimas", ha indicado la ex interventora general, quien cree que estas circunstancias "han explotado un poco cuando han tenido que hacer informes especiales y que exigen bastante dedicación".

   "Se venían arrastrando dos años de retrasos en justificación, se hizo un esfuerzo enorme y las consejerías y la Intervención trabajaron mucho y avanzaron, pues 2007 y 2008 estaban sin justificar", ha añadido Marcos, quien ha apuntado que se ha registrado "un alto porcentaje de fallos", de forma que "de más de 30 subvenciones analizadas de esos años, se registraron 18 expedientes con peticiones de reintegro".

   Ha precisado que de esos 18, en nueve se ha recuperado el dinero, uno ha recibido la solicitud de reintegro, pidiendo el pago voluntario; otros tres han comunicado que han iniciado el procedimiento de reintegro; y en los otros cinco a la Intervención no le ha llegado nada.

   Reconoce que esos retrasos podría provocar que algunos de esos expedientes "podrían estar prescritos". "Los antiguos corren un riesgo importante de prescribir, por la bola que se ha ido generando", ha aseverado.

VALORACIONES DE LOS PARTIDOS

   El diputado del PP Miguel Ángel Torrico ha aludido al gasto en auditorías y al "serio riesgo de prescripción" de algunos expedientes, recordando que la UE "llegó a suspender pagos ante las irregularidades", además de aludir a testimonios "que hablan del descontrol que había".

   El diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe ha resaltado los "fallos" generados por los retrasos en la justificacion y en los pagos en 2007 2008 2009, ha criticado las exceptuaciones y se cuestiona si "se está utilizando las exceptuaciones para eludir el cumplimiento de los plazos, parece que quieren salir del paso".

   La diputada de Ciudadanos Marta Bosquet, quien aludió a la falta de medios en la Intervención para explicar los retrasos en justificaciones, ha recordado los informes de Cámara de Cuentas y Tribunal de Cuentas de "irregularidades generalizadas" y criticó las "exoneraciones masivas".

   La diputada de IU Elena Cortés ha recordado que las irregularidades "las investigan 18 juzgados", tras lo que se ha preguntado "tras tantos controles, cómo es posible que no se hubieran detectado antes", tras lo que le ha recordado a la Intervención que la Junta "dirá que el SAE lo ha hecho muy bien y que estaba fiscalizado". "La realidad ha ido distinta a los certitificados emitidos, y está ahora en los juzgados", se lamenta.

   La diputada del PSOE Marisa Bustinduy considera que "se percibe que se ha actuado bien y que no hubo menoscabo de fondos públicos" ha destacado el papel de la Intervención "con un rigor importante y con un control financiero permanente", frente a otros partidos que "cuestionan la labor de control, llegando a decir que era un arma de la Junta".

• Junta de Andalucía