Teresa Florido defiende la "legalidad" de su "actuación administrativa" en formación

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ex directora general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía María Teresa Florido, cuñada del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, ha defendido este martes ante la juez María Núñez Bolaños, quien comanda el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, que su "actuación administrativa" se encuadró "en la legalidad" y que nunca apreció ilegalidad alguna en el trámite de las subvenciones autonómicas en materia de formación profesional.

María Teresa Florido, detenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación 'Barrado', desarrollada en marzo de 2015 por el presunto desvío de subvenciones autonómicas para la formación para el empleo, ha prestado declaración ante la juez instructora por petición propia.

Durante su comparecencia, según las fuentes consultadas por Europa Press, María Teresa Florido se habría quejado de su detención, lamentando ser víctima de una "persecución", y ha defendido que como directora general de Formación Profesional para el Empleo, su "actuación administrativa" fue siempre "legal". Tras matizar algunos aspectos de su primera comparecencia en el juzgado, como por ejemplo las fechas en las que ocupó su cargo, Florido habría manifestado que confiaba plenamente en el cuerpo de funcionarios de su departamento, asegurando que jamás apreció "ninguna ilegalidad" en la concesión y tratamiento de las subvenciones otorgadas por la administración de la Junta en materia de formación profesional para el empleo.

Durante su comparecencia, además y según han informado fuentes del caso, Teresa Florido habría protagonizado duras críticas contra el exalcalde hispalense, exdelegado del Gobierno central en Andalucía y expresidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido; y contra el exsecretario general del PP andaluz y actual delegado del Gobierno central, Antonio Sanz.

MOMENTOS DE TENSIÓN

Ante las críticas vertidas por Florido contra los citados dirigentes populares, la comparecencia habría derivado hacia momentos de tensión al solicitar insistentemente amparo la representación del PP andaluz, para que la juez interrumpiese a Florido a cuenta del contenido de sus palabras.

También han comparecido en calidad de investigados Pablo Alcalde Pancorbo y María Dolores Pereira Martínez, quienes habrían dado cuenta de aspectos relacionados con el funcionamiento del grupo de empresas del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, investigado por presuntos delitos de falsedad documental y fraude de subvenciones en relación a la actividad desarrollada por las empresas del Grupo Prescal.

Igualmente, ha comparecido la interventora provincial de la Junta de Andalucía en Sevilla, Victoria López Gutiérrez, quien después de su comparecencia en la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz, habría manifestado que respecto a las subvenciones a la formación para el empleo detectó "ayudas sin justificar" o "plazos de justificación excedidos". Además, ha manifestado que aunque el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) le indicaba que "el 50 por ciento" de las ayudas contaba con "exceptuación", hasta ella no llegaron las resoluciones que plasmarían tal extremo.

Estas comparecencias, según las fuentes consultadas por Europa Press, se encuadran en las últimas declaraciones que la juez practique antes de que, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, archive la pieza 'política' de los cursos de formación, que afecta a 24 exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los ex delegados del ramo en las ocho provincias andaluzas.

La magistrada archivará la referida pieza al no apreciar delito y considerar que únicamente se habrían cometido irregularidades administrativas.

EL DINERO DE LA FORMACIÓN

En su día, la juez Mercedes Alaya --ahora en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla-- aseguró en distintos autos que desde la Consejería de Empleo se impartían "órdenes" a las distintas delegaciones provinciales "para que no se controlara el dinero" destinado a la formación, "creando de esta forma una red de clientelismo político", una idea que decae con el futuro archivo de la pieza 'política' de la causa.

La juez María Núñez archivará esta pieza de la causa de los cursos de formación después de haber tomado declaración, además, al ex interventor general de la Junta Adolfo García Fernández y a los interventores en las distintas provincias andaluzas.

En sus comparecencias como testigos, los interventores de la Junta de Andalucía coincidieron en señalar que tan sólo apreciaron irregularidades administrativas y que si hubieran observado indicios de delito lo hubieran denunciado.

El ex interventor general de la Junta Adolfo García Fernández compareció ante la magistrada y aseguró no haber observado ningún "menoscabo" económico en ninguno de los expedientes analizados, añadiendo que la función de la Intervención "no es detectar que exista un delito" y que "la mayor preocupación es que se debería revisar los expedientes para que no prescribiera".

El ex interventor general, que como licenciado en Derecho aseguró tener facultades para valorar "si los hechos son lícitos o no", puso de manifiesto que a su juicio "hay una dilación" y que eso "puede conllevar un riesgo, no que exista", precisando que su trabajo "es detectar un riesgo y ponerlo en conocimiento" y queriendo dejar claro que "nunca esto ha supuesto un procedimiento penal". De este modo, el ex interventor general señaló que lleva "trabajando desde el año 1985 y es la primera vez que ocurre esto".