CARMONA (SEVILLA) 17 (EUROPA PRESS)
El catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la UNED y que fuera último ministro de Defensa del gobierno de Felipe González, Gustavo Suárez Pertierra, aseguró hoy en Carmona (Sevilla), en el marco del Curso de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) 'Derecho a la educación y a la religión, a debate', que el profesor necesita apoyarse en más y mejores instrumentos legales que le permitan ejercer su labor educativa.
Como indicó el catedrático de Derecho Eclesiástico, aunque actualmente hay mecanismos legales que ya permiten considerar que antes determinadas circunstancias que se produzcan en la escuela, el profesor pueda tener la consideración de autoridad, "en cualquier caso sí considero necesario que haya que reforzar la autoridad del profesor y sobre todo en determinados centros educativos, donde no le resulte fácil ejercer su labor docente", matizó.
Por otro lado, el experto, que impartió una conferencia sobre "La enseñanza de la religión en el sistema educativo español", señaló que el sistema de enseñanza religiosa es "un sistema antes que ninguna otra cosa complejo porque hay que combinar los planteamientos constitucionales, que exigen al Estado ser neutral y que exigen la separación entre el estado y las iglesias, junto con las vinculaciones que el ordenamiento jurídico español tiene fijadas de acuerdo con las confesiones religiosas".
En este sentido, como explicó Suárez Pertierra, este sistema es complicado porque la enseñanza de la religión es diferente según pase por una etapa educativa o por otra y eso acredita dicha complejidad pero "actualmente y una vez superados determinados problemas históricos que se venían produciendo en España desde 1980, se ha superado también el problema de la alternativa a la clase de religión, es decir, ya no existe la idea de que en los colegios hay que explicar una sola religión y se han resuelto razonablemente estos problemas desde la libertad del individuo y la no discriminación".
Por ello, el experto indicó que ahora tenemos un sistema "razonablemente adaptado al sistema constitucional en el que el menor debe tener libertad para ejercer su derecho constitucional pero la legalidad también tiene que reconocer la madurez del menor a la hora de que éste pueda elegir su tipo de formación", concluyó.