Facturas.- El PSOE provincial dice que la sentencia evidencia un error administrativo "ya subsanado"

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La dirección del PSOE de Sevilla aseguró hoy acatar y respetar la sentencia dictada en el caso de las facturas falsas del Distrito Macarena --que condena a cuatro años y tres meses de prisión al ex secretario del Distrito Macarena José Marín y a tres años y nueve meses de cárcel al contratista José Pardo--, si bien expresa su convicción de que el fallo evidencia una "irregularidad administrativa que ya quedó subsanada por el Ayuntamiento".

En un comunicado, el PSOE provincial indicó que la resolución de la Audiencia Provincial "ha evidenciado que no hubo lucro personal ni apropiación indebida", mientras que el error se ha solventado con las mejoras puestas en marcha en su día para garantizar el correcto funcionamiento de los distritos municipales.

Además, según el PSOE sevillano, queda "desmontada" y "desacreditada" la existencia de trama alguna, "tal como se venía manteniendo por la acusación de los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Sevilla", ya que "ni ha existido ni existe trama alguna, y tanto el PP como el PA deberán rectificar y retirar sus acusaciones".

La formación recordó que ya asumió responsabilidades políticas desde el primer momento que el caso saltó a la opinión pública en el año 2003, con la dimisión del ex concejal José Antonio García y las bajas voluntarias de militancia solicitadas tanto por García como por José Marín.

"La actitud del PSOE de respeto a la Justicia contrasta con las interferencias y presiones que se despliega por el PP contra los jueces y, en concreto, contra el juez Baltasar Garzón en Madrid, y también contrasta con la falta de asunción de responsabilidades políticas por parte del PP en los casos de presunta corrupción que les afectan", recalcó la agrupación socialista sevillana.

Los socialistas, asimismo, hicieron hincapié, "como partido que gobierna numerosas instituciones en Sevilla y Andalucía", en que el PSOE seguirá siendo garante del cumplimiento de la legalidad y el ejercicio de las responsabilidades institucionales "con probidad, honestidad y transparencia, y siempre con el objetivo de dar cumplimiento a lo que la ciudadanía le demanda".