Facua-A pide a la Junta "no eludir su obligación de control" en gasolineras desatendidas

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Facua Andalucía, ante "la falta de contundencia" de la Junta de Andalucía en la aplicación de la normativa actual, ha reclamado este jueves al Ejecutivo regional que "no eluda su obligación de control sobre las gasolineras desatendidas", ya que supone un modelo de negocio que "no respeta los derechos y garantías más básicos".

De esta manera, la organización de consumidores ha enviado un escrito a los grupos políticos, que debaten en el Parlamento autonómico sobre esta cuestión, en el que les requiere que refuercen la protección de los consumidores ante el auge y proliferación de estos establecimientos.

En un comunicado, Facua ha insistido en que se aplique la legislación autonómica vigente, esto es, el Decreto 537/2004, del 23 de noviembre, por el que se regulan los derechos de los consumidores y usuarios en las actividades de distribución al por menor y suministro a vehículos de combustible y carburantes en instalaciones de venta directa al público.

El citado Decreto ya ha establecido la obligatoriedad de contar con atención a los consumidores de las estaciones que funcionan en régimen de autoservicio en horario diurno, no pueden estar completamente desatendidas en dicho horario, y "exige que ofrezcan información suficiente a los usuarios sobre sus derechos y obligaciones".

Facua-A ha considerado que la Junta de Andalucía "tiene competencias suficientes para garantizar que todos los usuarios accedan a un servicio esencial", como es el de abastecimiento de carburante, en condiciones de igualdad, haciendo cumplir el Decreto 537/2004.

"ATENTADO CONTRA LA SEGURIDAD"

La federación ha considerado que estas estaciones de servicio, que no cuentan con ningún tipo de personal que atienda a los consumidores, suponen "un auténtico atentado contra la seguridad", dado que la vigilancia de los establecimientos es nula, y por lo tanto, "no hay capacidad alguna para intervenir en casos de incidentes o accidentes".

Asimismo, estas gasolineras no disponen de los medios de información, atención, reclamación y garantía de comprobación determinados por la legislación de protección al consumidor vigente. La ausencia de personal provoca la imposibilidad de verificar que las cantidades de combustible surtidas son las adecuadas, que los surtidores funcionan correctamente, presentar una hoja de reclamaciones o incluso solicitar una factura.

Además, este tipo de establecimientos han vulnerado, especialmente, la protección a las personas con algún grado de minusvalía y dificultad física, dado que han obligado a estos consumidores a tener que buscar alternativas de uso más allá de las que la lógica y la razón, en relación con la integración social, pudiera recomendar en función del ejercicio de sus derechos y libertades.

Por último, Facua Andalucía ha reclamado que "el Gobierno andaluz vertebre la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el desarrollo de las actuaciones que se lleven a cabo", tanto en relación a la modificación del Decreto como con las medidas de control para que la actividad de las gasolineras desatendidas se encuadre dentro de la lógica racional, tanto del respeto a la legislación como de los derechos económicos y sociales de la ciudadanía.