A través de un escrito dirigido al fiscal superior le solicita que analice la situación motivada por los recortes sociales y los impagos
SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Conferederación andaluza de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual (Feaps Andalucía) ha solicitado por carta al fiscal superior de Andalucía, Jesús María García Calderón, que analice "la situación por la que está atravesando las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y, como consecuencia, los servicios, centros de atención y apoyos que aquel ha generado a lo largo de estas últimas décadas", y trasladarle "las lesiones de derechos" que ello genera a un sector de la población "tan vulnerable y ya de por sí afectado por sus propias necesidades de apoyo".
En esta carta "denuncia", Feaps-A recuerda que las entidades integradas en la confederación conforman el 85 por ciento de los servicios de apoyo y atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en Andalucía, y se trata de entidades sin ánimo de lucro promovidas y gestionadas por padres, madres y familiares de personas con discapacidad que han generado servicios y apoyos en función de las necesidades cronológicas de estas, abarcando cuantas demandas se ha comprobado precisaban en su evolución personal.
Para la financiación de estas actividades, continúa la citada carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, y "tras un largo proceso de reivindicación y lucha, se han conseguido niveles adecuados de participación pública", mediante sistemas administrativos de concertación con las Consejerías de Salud, Bienestar Social, Educación y Empleo, que, desde la regulación de unos requisitos básicos que aseguren niveles de calidad adecuados, "venían asegurando una aportación económica básica para el desempeño de la actividad en centros, como decimos promovidos, y construidos por las propias entidades".
Pero, destaca, el modelo de atención hacia las personas con discapacidad intelectual y a sus familias "está en serio peligro", debido a que en los últimos meses "no hemos sido capaces de sostener los diferentes foros de diálogo, colaboración e interlocución que Feaps Andalucía tenía en marcha con las diferentes administraciones". "Las duras condiciones económicas han sido la excusa perfecta para barrer del mapa toda propuesta, toda participación y mesa de diálogo", de modo que el tejido asociativo Feaps "ya no puede aguantar más después de que haya establecido por decreto la suspensión de las plazas de respiro, se realicen los pagos por parte de la Administración 'cuando se puede' sin mayor criterio ni rigor y se recorten derechos, programas y actividades sin mayor información que el Boletín Oficial de la Junta (BOJA)".
Además, a través de este escrito la confederación lamenta "profundamente que no se hayan cumplido, hasta la fecha, los compromisos de la Consejera de Salud y Bienestar Social para el pago de los atrasos ni se haya establecido un calendario efectivo de pagos que permita la viabilidad económica y funcional de todos los centros y servicios", todo lo cual "está provocando una situación insostenible en nuestro sector".
LA DEUDA ESTIMADA SUPERA LOS 35 MILLONES
Asimismo, Feaps-A enumera otros factores añadidos a la "complicada" situación actual como el hecho de que las diferentes consejerías mantengan "importantes" retrasos en los pagos comprometidos. En este momento la deuda estimada supera los 35 millones de euros, lo que sitúa "en serias dificultades a muchas organizaciones por cuanto impide el pago periódico, y obligado, de salarios y retribuciones de profesionales y trabajadores, pago a proveedores, o satisfacción de obligaciones fiscales y con la seguridad social".
A ello ha de unirse el "recorte efectivo" operado en la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal, que "ha degradado los derechos que aquella reconoció y ha impuesto, además, sin reconocimiento legal para ello, y desde la mera práctica de la gestión cotidiana, un parón en su aplicación que impide el acceso al sistema, y a los recursos y prestaciones que precisan las personas con discapacidad, lo cual está haciendo, por ejemplo, que muchas de estas personas, que concluyen su periodo educativo, se encuentren con que se les impide acceder a plazas y prestaciones que les corresponderían en derecho y que precisan por la importancia de limitación de su autonomía que supone su discapacidad".
Además, indica que la información "permite prever que desde la Consejería de Salud y Bienestar Social seguramente solicitarán la apertura de negociaciones a medio plazo con una sustancial disminución de sus aportaciones para la financiación de plazas y servicios", un disminución que "ya se ha operado en el sector de la atención a personas mayores, en centros de menores y nos tememos que se aplicará igualmente a nuestro sector", lo que supondrá "hacerlo supone renunciar a los niveles de calidad en la atención por los que hemos luchado durante años, y que afirmamos son innegociables e irrenunciables".
Igualmente, critica que se haya producido "un total parón" en la inversión y ayuda para la creación de nuevos centros y servicios que la propia administración tenía reconocidos como necesarios. "Esto hace que edificaciones proyectadas, o puestas en marcha, queden paralizadas, con los encarecimientos y costes que ello genera, incluso problemas contractuales, y, en definitiva, lo más importante, supone dejar sin atención a las personas a las que dichos servicios se dirigían".
En definitiva, concluye, "lo expuesto supone una expresa violación e incumplimiento grave de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Constitución Española, que impone un compromiso efectivo de los poderes públicos (de todos ellos) para con las personas con Discapacidad, y vulnera, de forma efectiva, los derechos a la igualdad, dignidad y no discriminación, establecidos en los artículo 9, 10 y 14 de nuestra Carta Magna". "Especial trascendencia tiene, además el hecho de que la situación descrita supone, el expreso incumplimiento, y violación de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y, en concreto, de lo regulado en sus artículos 21.10; 22.3, 23.1; 24; 37.1.4º, 8º y 10º".
A ello sea de unir el "evidente incumplimiento" que la situación expuesto supone de lo establecido en la Convención Internacional de Derechos de las personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas en diciembre de 2006, y que hoy integra nuestro ordenamiento jurídico al ser ratificada por el Estado español, en marzo de 2007, que consagra la plena garantía de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente n sus artículos 4, 5, 7 , 19, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, entre otros.
En consecuencia, ante la situación expuesta, "nos dirigimos a la Fiscalía para que tenga conocimiento expreso de la gravísima situación expuesta, solicitando su implicación para la solución de la misma".
Y, dado el "expreso incumplimiento" que la situación dictada supone de obligaciones legales que garantizan derechos subjetivos, y al amparo de lo establecido en los artículos 3, apartados 3, 4, 6 y 7, y 4, de la Ley 24/2007, de 9 de octubre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, así como la previsión establecida en los artículos 39 y 40.2 del vigente Estatuto de Autonomía de Andalucía, que establecen la protección jurisdiccional de los derechos y obligaciones amparados por aquel, "interesamos la intervención del Ministerio Fiscal y el ejercicio de cuantas acciones legales y judiciales, y medidas sean precisas para garantizar el efectivo cumplimiento de las disposiciones legales citadas y aquellas otras que se derivan de las mismas".
