SEVILLA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los Juzgados de lo Social han fijado para el 6 de marzo una nueva vista oral para resolver otra de las demandas formuladas por los prejubilados del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, contra la negativa del antiguo Instituto Nacional de Empleo (INEM) a concederles el subsidio de desempleo. El Juzgado de lo Social número cuatro desestimaba recientemente la primera de las demandas de esta naturaleza sometidas a juicio, siempre después de haber estimado previamente la demanda promovida por el propio INEM, para reclamar a 16 de estos extrabajadores el reintegro de las cuantías percibidas con cargo al subsidio de desempleo.
La última sentencia al respecto, emitida el 7 de septiembre de 2011 y recogida por Europa Press, corresponde a la vista oral celebrada el 28 de julio de 2011 en el Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla merced a la demanda impulsada por uno de los prejubilados del ERE de 2007 de Mercasevilla contra la negativa del antiguo INEM a concederle el subsidio de desempleo.
EL CONFLICTO DEL INEM Y MERCASEVILLA
El antiguo INEM, según explicaba a Europa Press Rafael Domínguez, presidente del comité de empresa de Mercasevilla, había contabilizado finalmente como "ingresos de renta" los contratos de préstamo librados por Mercasevilla en favor del colectivo de prejubilados del ERE de 2007 para cubrir las cuantías que habrían de percibir merced a sus prejubilaciones, puesto que la negativa de la Consejería de Empleo a participar en la financiación de este expediente de regulación de empleo mantiene paralizados estos pagos. A tal efecto, el INEM denegó por supuesta incompatibilidad el subsidio de desempleo a los prejubilados de este colectivo que lo solicitaban en aquel momento, reclamando además el reintegro a aquellos que ya gozaban de esta prestación.
La tesis del comité de empresa y de los prejubilados parte de que el ERE de 2007 nació como una "continuación" del expediente de regulación de empleo de 2003, cuya negociación comenzó antes del mes de mayo de 2002 bajo una legislación que "no consideraba como rentas" las indemnizaciones por prejubilación. "Los ERE de 2003 y de 2007 forman parte del mismo procedimiento", defiende Rafael Domínguez.
LA PRIMERA SENTENCIA
El Juzgado de lo Social número cuatro, mediante una sentencia emitida en julio de 2011, había estimado finalmente la demanda formulada por el Instituto Nacional de Empleo para reclamar a 16 de estos prejubilados el reintegro de las cuantías percibidas con cargo al subsidio de desempleo. El juzgado resolvía por un lado que los ERE impulsados en 2003 y 2007 en el mercado central de abastos son procedimientos "distintos" y computaba como "rentas" incompatibles con el subsidio de desempleo los contratos de préstamo librados por la compañía para cubrir las indemnizaciones de este colectivo.
Y es que, según argumenta el juzgado en esta sentencia, las cuantías percibidas gracias a los contratos de préstamo se atienen al artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social, que califica como renta computable "cualquier bien, derecho o rendimiento derivado del trabajo" y que somete la prestación por desempleo a nivel asistencial a la carencia de rentas superiores al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional. "Estas cantidades abonadas deben ser consideradas como rentas y debe prosperar la demanda", zanja la sentencia, que además defiende que "aún considerando" que los ERE promovidos en 2003 y 2007 por Mercasevilla fuesen "solo uno", tampoco se aplicaría la Ley 45/2002 en este caso.
NUEVA RESOLUCIÓN JUDICIAL EN EL MISMO SENTIDO
Pues bien, en la nueva sentencia, emitida por la misma instancia judicial pero merced a la demanda formulada por un prejubilado del ERE de 2007 al denegar el INEM su solicitud de subsidio por desempleo, falla en los mismos términos. "Es evidente que todas las cantidades que derivan de dicho ERE se han de computar a efectos de dicho artículo, incluidas las del préstamo, porque hay que estar a la verdadera naturaleza de los negocios jurídicos y no al nombre que les den las partes", señala la sentencia en alusión al artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social. El fallo, igualmente, no considera probado documentalmente que el ERE de 2007 naciese como "continuación" del procedimiento de 2003.
En concreto, el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por aproximadamente 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus prestaciones han quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento actualmente sometido a investigación por el Juzgado de Instrucción número seis, dirigido por Mercedes Alaya.
