Lamenta que le hayan "colado" las prejubilaciones de Santoyo y Fontela y esgrime entonces que no había "regulación específica"
SEVILLA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
Francisco Javier Guerrero, el director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía que rubricó los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, defiende que el segundo de los procedimientos, --de cuya financiación se desliga la Consejería de Empleo--, constituye "un apéndice" del primero, que sí contaba con incentivo autonómico. Guerrero alega que ambos procedimientos se ajustan al "método" de tramitación seguido durante los nueve años durante los que ejerció dicho cargo y descarta, "por supuesto", que las dos supuestas prejubilaciones fraudulentas descubiertas en sendos ERE sean fruto de la actuación de algún miembro de la Consejería de Empleo.
El expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por aproximadamente 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus prestaciones han quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento actualmente sometido a investigación, en el marco de las diligencias incoadas por el juzgado de Instrucción número seis de Sevilla a cuenta de la anterior gestión de la sociedad mixta. En concreto, la investigación del ERE de 2007 está incluida en las diligencias relativas al posible delito societario perpetrado, siempre supuestamente, por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, imputados tanto en estas actuaciones como en el presunto intento de cobro de comisiones ilegales y las posibles irregularidades de la enajenación de los suelos del mercado.
DOCUMENTOS EN CUESTIÓN
Aunque Francisco Javier Guerrero había firmado entre 2007 y 2008 varios documentos mostrando la "conformidad" de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de varios trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial recogido por Europa Press de que estos actos firmados por Guerrero, fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio". El ERE de 2007, según Rivera, no está sujeto a "un procedimiento administrativo conforme a la normativa de subvenciones aplicable a tal efecto".
En este escenario, los 9.046.976,95 euros a los que se eleva el coste del ERE figuran como pasivo en las cuentas de la empresa, que cerró 2009 con pérdidas por valor de 4.123.666 euros. Los prejubilados acogidos a este procedimiento han visto cómo sus prestaciones se paralizaban al desligarse la Consejería de Empleo de su financiación y, a tal efecto, sus nóminas están siendo cubiertas por Mercasevilla mediante contratos de préstamo en los que los beneficiarios renuncian a la adquisición de cualquier derecho.
"NINGUNA REGULACIÓN ESPECÍFICA"
Sobre este conflicto, Francisco Javier Guerrero ha explicado a Europa Press que el expediente de regulación de empleo de 2007 fue "un apéndice" del ERE promovido en 2003 en Mercasevilla, un procedimiento que sí contó con incentivación autonómica. "Era un apéndice del de 2003. Esto estaba negociado", ha defendido Guerrero, quien asegura que este procedimiento recibió "el mismo tratamiento que todos los ERE de Andalucía donde hemos comprometido ayudas". Y es que este ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía ha querido precisar que entonces "no había ninguna regulación específica que amparara las ayudas a las empresas en crisis".
Bajo esta premisa, ha defendido que durante los "nueve años" que estuvo al frente de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, según su relato, los expedientes de regulación de empleo fueron tramitados por un "método exactamente igual" al seguido en el caso de la sociedad mixta Mercasevilla, porque "no tenía nada legislado" en materia de incentivación a empresas en crisis. "Esa era la forma que teníamos de trabajar en los nueve años que yo estuve en la Dirección General de Trabajo", ha insistido Guerrero, quien sostiene que Boliden-Andaluza de Piritas SA (Apirsa), Astilleros, Santana Motor o Cárnicas Molina, por ejemplo, promovieron expedientes de regulación de empleo aprobados e incentivados por la Administración andaluza en los "mismos" términos.
"A MÍ NO ME CESAN POR ESO"
A tal efecto, ha defendido también que su cese, acontecido por orden del por entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, precisamente el día en el que firmaba una de las conformidades en cuanto a la incentivación de prejubilaciones para trabajadores de Mercasevilla, no está relacionado con su papel en el expediente de regulación de empleo de 2007. "A mi no me cesan por eso", ha asegurado. Según sus palabras, "el consejero quería hacer unos cambios en el equipo. Yo llevaba ya nueve años en esa Dirección General". Así, ha resumido que el expediente de regulación de empleo de 2007, cuya financiación reclama el colectivo de prejubilados a la Consejería de Empleo, "era un apéndice" del de 2003, que sí contó con financiación autonómica. "El mismo tratamiento de ayudas de 2003 se ha dado a 2007", señala Guerrero.
En cuanto a los casos de Antonio Garrido Santoyo y María del Carmen Fontela González, cuyos nombres figuran como aspirantes a la prejubilación en documentos relacionados a los ERE de 2007 y 2003 respectivamente, Francisco Javier Guerrero alega que quedó "tan sorprendido como cualquiera" al conocer sus casos, dado que ninguno de ellos ha trabajado jamás en el mercado central de abastos de Sevilla. De cualquier manera, y en declaraciones a Europa Press, ha argumentado que "en los ERE no estaban" y ha descartado, "por supuesto", que "alguien de la Consejería" hubiese manipulado los procedimientos en favor de estas dos personas. "Alguien me ha colado algo de mala manera", lamenta Francisco Javier Guerrero.
En ese sentido, este ex alto cargo del Gobierno andaluz ha defendido que en la Consejería de Empleo "nadie se ha llevado nada más que su sueldo. punto". Igualmente, ha señalado que María del Carmen Fontela "no firmo una póliza y nunca cobro un duro. Nadie le ha pagado".
