Guarderías andaluzas ofrecen margen antes de consensuar protestas por la Mesa de Infantil

SEVILLA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones representativas del sector de las escuelas infantiles en Andalucía han decidido otorgar un margen antes de plantear movilizaciones para presionar ante el hecho de que la Consejería de Educación aún no haya convocado la Mesa de Infantil para debatir sobre las modificaciones del decreto y establecer una postura definitiva respecto al precio de la plaza conveniada y el pago compensatorio del mes de agosto.

La presidenta de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía, Rosario de la Peña, ha precisado a Europa Press que, en este sentido, se prevé que no haya movimientos por parte de la administración hasta después de las próximas elecciones, por lo que se ha decidido conceder un 'in-pass' en el que el sector aprovecha para estudiar las últimas declaraciones de la consejera del ramo, Adelaida de la Calle.

En las mismas, la titular autonómica confirmó en el Parlamento que para el próximo curso escolar 2016-17 la plaza de escuela infantil conveniada con la administración pública mantiene el precio máximo de 278,88 euros, sin proceder al aumento en el precio de diez euros que se había barajado al no poderse proseguir, por incompatibilidades jurídicas, con el pago de la cantidad compensatoria de 1.000 euros por unidad acordado en 2013 al no abonarse el mes de agosto, inhábil para las guarderías.

De la Peña ha señalado que ya se observa un determinado número de familias que han cancelado su plaza como consecuencia de estos últimos acontecimientos y que, en cualquier caso, las escuelas infantiles han constatado una disminución este año en el número de matriculaciones.

La coordinadora apuesta por que "antes de ampliar plazas se paguen bien los servicios que se están dando" y confirma que todas las asociaciones del sector se encuentran en un proceso de trabajo "conjunto" para "mejorar el primer ciclo educativo".

La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía ya remitió un escrito a Educación en el que reclamaba que se especificara la argumentación jurídica a la que se atiene la administración autonómica para no proceder al pago compensatorio.

Frente al razonamiento de que dicho pago no se ajusta a derecho al no poder pagarse por un servicio que no se presta, "hemos visto partidas presupuestarias para otros asuntos educativos de cero a tres años, como ayudas en municipios o servicios complementarios, pero no para un acuerdo ratificado en una mesa", dijo la presidenta del colectivo.

Por otro lado, aunque la subida del precio de la plaza era una reivindicación histórica del sector al permanecer 'congelado' el coste durante mucho tiempo, los profesionales se oponían a que el monto de la medida acabara repercutiendo en las familias, "que están optando a precios por debajo de los nuestros, en los que por otra parte no sabemos qué servicios dan, pero sí que no se puede abaratar más de lo que damos".

Otro motivo de rechazo se debía a que, mientras la compensatoria --cuya tardanza en el cobro ha sido reiteradamente denunciada por las guarderías, ya que obligaba a un inicio en precario del servicio con cada curso escolar-- era por unidad, el nuevo pago se hacía por plaza cubierta.