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SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en la presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, ha prestado este jueves declaración durante alrededor de seis horas ante la Guardia Civil, concretamente en el cuartel de la avenida de Eritaña, en Sevilla.
En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que Guerrero habría acudido a declarar ante la Guardia Civil, acompañado por su abogado, Fernando de Pablos, después de que el Instituto Armado se comunicara telefónicamente con él y lo citara este jueves a partir de las 9,00 horas.
Esta comparecencia se ha producido después de que el que fuera su chófer asegurara a la Policía Judicial que parte de los 900.000 euros que recibió en subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía los destinó a comprar cocaína "para su jefe y para él", mientras que también dedicó parte del dinero a "ir de fiestas y copas".
El chófer de Guerrero compareció el día 15 de diciembre de 2011 ante los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Andújar (Jaén) imputado por dos presuntos delitos de fraude de subvenciones, y reconoció que en 2004 recibió de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social dos subvenciones de 450.000 euros cada una, precisando que que "parte" del dinero de las dos subvenciones se destinó a estos objetivos, mientras que el resto del dinero, no recordando la cantidad exacta, "se lo dio en mano a su jefe", Francisco Javier Guerrero.
Así, "y a solicitud" del propio Guerrero, "le compró varios efectos, como material de telefonía, artículos de música, antigüedades y ropa", mientras que "la mayor parte" del dinero la dedicó a comprar cocaína "para su jefe y para él", y otros gastos "como ir de fiestas y copas".
GUERRERO, "MUY AFICIONADO" A LOS LOCALES DE COPAS
Cuestionado por el trámite para la solicitud y concesión de las dos subvenciones, señaló que desde 1989 trabajaba como personal laboral fijo en la Junta realizando la función de conductor "de altos cargos", y desde finales de 2002 o principios de 2003 empezó a trabajar como conductor de Guerrero, "llegando a entablar una relación de amistad con él".
Una tarde, y estando en un local de copas, "a los que era muy aficionado" Guerrero "y a los que acabó aficionándose" él mismo, el exalto cargo "le comentó la potestad que tenía como director general de conceder subvenciones indiscriminadamente y sin necesidad de justificar nada". Así, Guerrero "le dice que o bien le dé unos nombres para concederles unas subvenciones o bien que creara unas empresas para así podérselas conceder a él, por lo cual creó" dos empresas.
Precisó que transcurrieron "entre unos meses y un año" hasta que le ingresaron el dinero de ambas subvenciones, a lo que se añade que, según aseveró, no recibió ningún tipo de justificante cuando presentó las solicitudes de las subvenciones.
Hay que recordar que Guerrero, que aún no ha declarado ante la juez instructora, ya compareció ante la Policía Judicial el 21 de diciembre de 2010 y defendió el ERE consumado en 2007 por Mercasevilla alegando el "acuerdo" alcanzado entre la dirección del mercado central y el comité de empresa, porque ante dicho consenso, la Delegación provincial de la Consejería de Empleo "no tiene más remedio" que autorizar el procedimiento. "Si no, es prevaricar", advirtió.
"FONDO DE REPTILES"
Igualmente, y en cuanto a la financiación de las prejubilaciones acordadas en los expedientes de regulación de empleo de 2003 y 2007, Guerrero negó que las ayudas requiriesen el trámite de "subvención excepcional", porque las ayudas de esta naturaleza "eran un fondo de reptiles para crisis, con un procedimiento distinto, una masa económica para crisis".
Francisco Javier Guerrero también aludió en su declaración al exsindicalista jiennense Juan Lanzas, apuntado por el PP como posible mediador o "conseguidor" de subvenciones autonómicas y familiar del titular de la empresa jiennense que prestó labores de asesoramiento en el expediente de regulación de empleo iniciado en 2007 por Mercasevilla.
Guerrero manifestó, en concreto, que Lanzas "ha llevado muchos expedientes de crisis de empresas de alimentación de Andalucía". "Negociaba bien para la empresa o bien para los trabajadores y también era apoderado de los comités de empresa", señaló en su testimonio antes de advertir de que "es muy bien negociador".
Por último, Francisco Javier Guerrero declaró en cuanto al caso de Antonio Garrido Santoyo, un exmiembro de la cúpula del PSOE de Baeza cuyo nombre figura en documentos del ERE de 2007 como aspirante a la prejubilación. Guerrero alegó desconocer "quién pudo dar ese encargo" y dijo creer que "habrá que averiguar quién puñetas ha metido a esa persona y llegar a las últimas consecuencias", porque "yo no hubiese autorizado a esta persona al no estar en el expediente".