SEVILLA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -
Heridos en el accidente de tren ocurrido el pasado 29 de noviembre de 2017 en el Arahal (Sevilla), al descarrilar un tren de media distancia con el resultado de 37 pasajeros heridos de diversa consideración, han señalado que están estudiando la posible responsabilidad patrimonial si el caso es archivado sin responsabilidad penal.
Según ha informado en un comunicado el Bufete Osuna, ha transcurrido siete meses desde que entró el caso en la Sección Penal de la Audiencia Provincial de Sevilla y hay informes técnicos sobre el estado de la vía férrea, inclemencias del tiempo, situación de la máquina y vagones, avisos y comunicaciones entre el maquinista y sus superiores, características del terreno, incidencia de otros factores, medidas de seguridad y evacuación de los heridos.
Con todo ello, la Audiencia Provincial de Sevilla podría mantener el archivo de las actuaciones sin responsabilidad, que se practique alguna prueba o que sigan las actuaciones por la vía penal en contra del criterio del Juzgado Instructor.
En este sentido han explicado que el daño ocasionado con el accidente ferroviario ocurrido en el Arahal en el tren con destino Sevilla podría derivar en una responsabilidad patrimonial de la entidad pública empresarial Adif que se encarga de la infraestructura de os ferrocarriles, "tras la decisión de abrir la vía a pesar del estado de la misma fruto de las malas condiciones climáticas que convirtieron el terreno en un barrizal".
"Nunca se debió acordar que el tren marchase por la vía en las pésimas condiciones en la que se hallaba o, de hacerlo, habría que llevar una velocidad muy reducida. Ninguna de las medidas se adoptó", han argumentado.
En el caso de la fuerza mayor, en relación a la lluvia caída en la zona del descarrilamiento, "no libra a la administración de una posible responsabilidad", poniendo como ejemplo lo ocurrido en Écija en las inundaciones del año 2010. "A pesar de haber un fenómeno atmosférico grande y extraordinario, se condenó al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía por no tener el cauce del arroyo argamasilla en buenas condiciones".
Por todo ello, un grupo de heridos ha decidido estudiar las posibles responsabilidades en vía administrativa por "mal funcionamiento" de la administración que puedan derivarse del siniestro por "una acción judicial no penal, la cual llevaría a un contencioso administrativo".
Las indemnizaciones podrían estar entre los 1.000 y 40.000 euros, por lo que habría que determinar las lesiones que ha sufrido cada viajero y cuantificarlas, así como otras indemnizaciones.
Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial los particulares exigirán directamente de la Administración pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.
