SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
La "incertidumbre" y la "inquietud" comienzan a hacer mella en las familias que habitan sin título alguno los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de 'Ibercaja', al transcurrir el tiempo sin que las administraciones solucionen el conflicto que rodea a la ocupación de estas viviendas cuyo desalojo forzoso ordenó el pasado mes de enero el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla.
"Seguimos esperando, porque las administraciones, efectivamente, siguen trabajando y comunicando al juzgado sus reuniones", ha manifestado a Europa Press Irma Blanco, una de las portavoces del colectivo de familias. Irma Blanco ha insistido en que las administraciones, principalmente la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento hispalense, "están trabajando en una solución" para propiciar el desalojo voluntario de las viviendas y evitar que todo sea zanjado mediante una expulsión por la fuerza, pero ha admitido que estas personas no cuentan con "nada claro" y ha hablado de "incertidumbre" e "inquietud", pues hace ya casi tres semanas que las administraciones autonómica y central acordaron crear un grupo de trabajo para solucionar el conflicto.
Recientemente, otra de las portavoces del colectivo de familias había admitido que varias personas habían abandonado el edificio de viviendas por temor a que todo acabase finalmente con un desalojo forzoso, pues el juzgado incluso ha reclamado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que den cumplimiento a la orden de desalojo.
Hasta el momento, y merced a las peticiones de la propiedad de las viviendas, el Juzgado de Instrucción número tres ha ordenado el desalojo forzoso de las viviendas a cuenta de un presunto delito de usurpación de las mismas y, en un segundo auto, ha instado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que den cumplimiento a dicha orden. Ante esta tesitura, las administraciones autonómica y local crearon un grupo especial de trabajo destinado a propiciar un desalojo voluntario de las viviendas, sopesando la posibilidad de alojar a las familias en viviendas protegidas del Ayuntamiento hispalense como paso previo a su reubicación en un edificio de viviendas sociales que la Junta de Andalucía remata actualmente.
El colectivo de familias ha apelado también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por una posible violación de los artículos 3, 8 y 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos, si bien finalmente no prosperaron sus acciones ante esta institución.
LA CORRALA UTOPÍA
Estamos hablando del colectivo de familias que habita sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de nueva construcción y renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, cuya propiedad ostenta 'Ibercaja' a través de la sociedad inmobiliaria 'Residencial Murillo'.
Las viviendas en cuestión fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo y el conflicto, a lo largo de todos estos meses, ha contado con una vertiente sociopolítica, pues el asunto ha sido debatido en los plenos del Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla con diversas movilizaciones y hasta un festival de rock, y un plano judicial derivado de la denuncia promovida por la titularidad de las viviendas, a cuenta de la usurpación de las mismas.
Las familias esgrimen que su reivindicación no es otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica, mientras 'Ibercaja' ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado.
LA 'CORRALA UTOPÍA'
Si bien en la primavera de 2013 mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio para realojar en otras viviendas a las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad", extremo que motivó entonces que 'Ibercaja' solicitase la suspensión de su petición de desalojo forzoso, dicho pacto no llegó a buen puerto a excepción del caso de cinco familias que sí se acogieron a los términos del acuerdo. Mientras ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir los términos del pacto, la propiedad de las viviendas reactivó su petición de desalojo forzoso.
Entretanto, el Juzgado de Instrucción número tres había ido tomando declaración a todos los miembros del colectivo de familias por un presunto delito de usurpación, instando en todos los casos al desalojo voluntario de las viviendas. Finalmente, esta instancia judicial notificaba recientemente un auto ordenando el "desalojo forzoso" de las viviendas.
