SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, anunció hoy ante el Pleno del Parlamento que su departamento ha solicitado a la Consejería de Economía y Hacienda que la Intervención General de la Junta de Andalucía someta a control financiero permanente a la empresa Sandetel y sus filiales Sadesi y CITAndalucía.
Se trataría, según explicó Soler, de incrementar las garantías de control que ya se ejercen sobre ellas, ya que, tal y como ha reconocido la Cámara de Cuentas en el informe de fiscalización de regularidad de estas tres empresas, correspondiente al ejercicio de 2007 --sobre lo que el PP lo interpeló ante el Pleno--, la Intervención General ya realiza, con periodicidad variable y personal propio, trabajos relativos al control financiero en las distintas empresas del grupo, emitiendo los correspondientes informes de auditoría, y las cuentas anuales de las tres empresas son auditadas anualmente por firmas privadas de auditoría.
Por lo que respecta al contenido del informe de la Cámara de Cuentas, Soler señaló, en primer lugar, que en sus conclusiones, el órgano fiscalizador asegura que los estados financieros de las tres empresas expresan en sus términos significativos "la imagen fiel de su patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial".
De la misma forma, apuntó que las tres entidades han dado cumplida respuesta, en forma de alegaciones, a cada una de las cuestiones planteadas y han detallado las razones jurídicas, normativas y de funcionamiento que respaldan las decisiones que han sido evaluadas por la Cámara de Cuentas, que en su momento, según agregó, planteó "debilidades e incidencias", pero, en ningún momento, "ilegalidades". Dijo que si ha habido "errores o mala práctica, se han corregido".
Además, según añadió, el documento recoge incluso aquellas propuestas de mejora expuestas por la Cámara que ya han sido adoptadas por las tres entidades en los ejercicios siguientes al fiscalizado, tanto por iniciativa propia, como en cumplimiento de nuevas normativas que se han aprobado con posterioridad.
En lo relativo a la presencia de personal de estas empresas en la Consejería, Soler recordó que estas tres entidades son empresas instrumentales de la Junta de Andalucía, adscritas a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, lo que requiere de personal dedicado a coordinar las relaciones entre este departamento y las propias empresas, para garantizar el funcionamiento de los trabajos que ésta les encomienda.
Según el consejero, se trata de trabajadores contratados para la ejecución de proyectos en colaboración con la Consejería en desarrollo de actividades propias de estos centros que resultan de interés para la Consejería. Estos trabajadores, por razones de operativa y eficacia del propio proyecto, así como de acceso a la información que se gestiona en la realización del proyecto concreto, desarrollan su trabajo normalmente en la sede de esta Consejería en tanto se encuentre en ejecución el proyecto de que se trate, según expuso.
Los citados proyectos, según Martín Soler, son administrados desde las propias empresas y en todo momento, respecto de estos trabajadores, es la empresa la que organiza, dirige y controla de forma efectiva la realización de los trabajos que estos empleados desarrollan, manteniéndolos dentro de su ámbito de organización y bajo su poder de dirección.
En lo referente a la selección de este personal, Soler quiso matizar que el informe no habla de incumplimiento de las obligaciones legales en estos procesos, sino de imposibilidad de comprobación de los principios aplicados en dichos procedimientos.
En este sentido, Soler remarcó que el informe de la Cámara de Cuentas se refiere a personal contratado hace más de cuatro años, por lo que no existe obligación legal de disponer de la documentación relativa a los mismos conforme al Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social.
"ACTUACIONES AL MARGEN DE LA LEY"
Por su parte, el diputado del PP Salvador Fuentes pidió al consejero explicaciones de por qué se "incumple sistemáticamente" la legislación vigente en todas las empresas públicas. El informe de la Cámara de Cuentas sobre Sandetel y sus filiales Citandalucía y Sadesi pone de manifiesto, según dijo, que hay "presuntas actuaciones al margen de la ley" y "gravísimos hechos que pueden ser constitutivos de delito".
Según Fuentes, el Parlamento se merece una explicación del "entramado que tiene montando" el Gobierno andaluz y donde se contrata a "amigos y familiares". El PP anunció que elevará a la Fiscalía Superior de Andalucía el informe de la Cámara de Cuentas andaluza sobre la gestión de la empresa pública Sandetel y sus filiales Citandalucía y Sadesi, por el "incumplimiento" de la Ley en "el ámbito contable, laboral y de contratación" que puede ser "constitutivo de delito".
Martín Soler replicó al diputado popular que le parece "estupendo" que acuda a la Fiscalía porque ello permitirá clarificar las "debilidades e incidencias" que ya han sido corregidas. Recordó a los populares el hecho de que la Fiscalía les haya dicho que no "tienen razón" cuando han presentado en otras ocasiones denuncias por otros asuntos.
