Inspección de Trabajo mantiene clausurados los juzgados de Alcalá y pide nuevo informe sobre seguridad a Junta

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Inspección de Trabajo mantiene clausurado el edificio que alberga los juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2, el servicio común de partido judicial y el Registro Civil de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en espera de que la Administración autonómica aporte un segundo informe sobre la seguridad estructural del inmueble, que ya fue cerrado a principios del pasado mes de diciembre a consecuencia de la aparición de un socavón en el acceso principal.

Hay que recordar que, en la mañana de este martes, técnicos de la Inspección de Trabajo giraron una visita al edificio judicial, enclavado en la Plaza del Duque de la localidad, y levantaron acta comunicando la prohibición de llevar a cabo actividad alguna en el edificio judicial, tras lo cual pidieron a la Junta de Andalucía que acreditara documentalmente la certificación de seguridad estructural del inmueble.

De este modo, fuentes de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla han informado a Europa Press de que, tras esta petición, se ha hecho entrega de un informe fechado el pasado día 14 de diciembre y firmado por tres arquitectos en el que se dice que las instalaciones pueden ser habilitadas y usadas, no obstante lo cual desde la Inspección de Trabajo se ha requerido un segundo informe que acredite la seguridad estructural del edificio.

EL SEGUNDO INFORME, PARA ESTE JUEVES

Éste segundo informe, según han apuntado las mismas fuentes, ya ha sido solicitado y, por este motivo, arquitectos se han desplazado en la mañana de este miércoles hasta la sede judicial para analizar el estado de la misma, por lo que se espera que el informe pueda estar concluido este jueves para ser entregado a la Inspección de Trabajo, que será la que deba determinar si reabre el edificio o mantiene la clausura decretada.

Al hilo de ello, desde la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla se ha apuntado a Europa Press que, mientras tanto, ya se ha contactado con el Ayuntamiento de la localidad al objeto de "buscar, si fuera necesario, un sitio alternativo donde continuar la actividad judicial". Por el momento, el edificio está cerrado, pero las diligencias "indispensables" relacionadas con defunciones se están haciendo en el Juzgado de Guardia, ubicado en otro edificio.

Fue el pasado día 1 de diciembre cuando este edificio judicial tuvo que ser desalojado tras descubrirse un "socavón" en el acceso principal de las instalaciones. Un día más tarde, la Junta decidió reabrir el inmueble una vez analizado el informe elaborado por una empresa especializada que garantizaba la seguridad del inmueble y de los 25 funcionarios que trabajan en el mismo.

De este modo, los técnicos que inspeccionaron el inmueble concluyeron entonces que el "socavón no compromete la estabilidad y la seguridad estructural del edificio" y, por lo tanto, "no existen motivos que impidan que el edificio vuelva a ser ocupado por el personal y los usuarios".