SEVILLA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
Antonio Arquero García, un vecino de la localidad sevillana de El Pedroso que "prevaliéndose indiciariamente de su amistad" con el ya exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero habría suscrito sendas pólizas por las que la Junta de Andalucía se comprometía a pagarle 421.453,15 euros "sin tener derecho a ello", ha asegurado este jueves que "pensó que esta paga era también por estar afectado por radiaciones de uranio, a la que estuvo expuesto durante ocho años" por su trabajo como minero.
La juez Mercedes Alaya investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años la segunda de las instituciones habría librado 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.
Las ayudas libradas mediante este método, ni siquiera publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Hasta el momento, la Consejería de Empleo ha detectado un total de 72 prejubilaciones totalmente falsas, extremo que investiga la citada instancia judicial.
En el marco de estas diligencias, este jueves ha prestado declaración, en calidad de imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias, obtención ilegal de ayudas públicas, malversación y prevaricación, este vecino de El Pedroso, quien, según la juez Alaya, se "prevalió" de su relación con Guerrero para pedirle "si le podía conceder una ayuda pública para complementar sus ingresos mensuales insuficientes", a lo que el exalto cargo de Empleo "se mostró favorable", tras lo que, en abril de 2002, el imputado suscribió una póliza con la Compañía Vitalicio, financiada por la Junta mediante dos pagos "que se verificaron en mayo y junio de 2002" ascendentes a 121.540 euros en concepto de primas, por las que el inculpado cobraría 2.000 euros mensuales.
COBRÓ AYUDAS DE LA JUNTA Y UNA PENSIÓN POR INCAPACIDAD
Asimismo, la juez considera que, cuando estaba próxima la fecha de vencimiento de esta póliza, a finales de 2006 o principios de 2007, volvió a pedirle a Guerrero si podía concederle una nueva ayuda pública "que sumaría a la pensión por incapacidad permanente absoluta, ascendente a 742 euros", que percibía desde 2001. A esto Guerrero también se mostró favorable, y el 30 de marzo de 2007 este 'intruso' firmó una póliza de rentas de supervivencia, en la que la Dirección General de Trabajo era la tomadora, Fortia Vida la aseguradora y los beneficiarios el imputado, Alejandro Millán Torres y Rafael Ruiz García, ambos también inculpados en esta causa.
Según la magistrada, el total de las prestaciones que en virtud de dicha póliza percibiría el imputado ascendería a 314.163,30 euros, a razón de 2.640 euros mensuales hasta agosto de cada año y hasta el 31 de enero de 2018, y 10.560 euros anuales hasta 2017, "debiendo pagar por el inculpado la Junta la prima de 299.913,15 euros, que se sumarían a la prima anterior, que ascendía a 121.540 euros, lo que haría un total de 421.453,15 euros". A ello habría que añadir que, tras la liquidación de Fortia Vida, el inculpado habría percibido del Consorcio de Compensación de Seguros el pago de entre 180.000 y 200.000 euros.
De este modo, y según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, este vecino de El Pedroso ha indicado que conocía a Guerrero "de saludarlo y eran amigos de verse en el bar y tomarse unas cervecitas", aunque ha precisado que "es amigo de Guerrero desde hace aproximadamente 40 años", tras lo que ha relatado que ha sido minero desde los 14 años, y que entró a trabajar en el Ayuntamiento de El Pedroso de cobrador de taquilla en la piscina municipal. No obstante, en 1999 sufrió una implantación de la cadera derecha que motivó la declaración de incapacidad.
Inicialmente, según ha precisado, obtuvo una incapacidad permanente total y, tras ello, una incapacidad permanente absoluta, por la que ha reconocido que en la actualidad cobra 742 euros, todo ello al tiempo que cobraba las rentas derivadas de su póliza con el Grupo Vitalicio. También ha dicho que, entre 2004 y 2008, se dio de alta como autónomo y realizó perforaciones a través de una empresa llamada 'Antonio Arquero García, S.L.', la cual "fue un desastre aunque la mantuvo cuatro años".
"UN GEN QUE TIENEN TODOS LOS MINEROS"
Cuestionado por la magistrada sobre por qué mantuvo la empresa "si era un desastre", el imputado ha puesto de manifiesto que "lo hizo por tradición, pues es un gen que tienen todos los mineros". Asimismo, y sobre las pólizas suscritas, ha explicado que la segunda "era una continuación" de la primera. "Únicamente le pedí el favor una vez a Guerrero, y fue una cosa interna entre la Junta y las compañías aseguradoras el traspasar una póliza de una a otra compañía", ha añadido, reconociendo que, por su parte, firmó ambas pólizas.
Al hilo de ello, ha explicado que pidió ayuda a Guerrero porque se encontraba en una "difícil" situación económica, y que cuando acudió al exalto cargo de la Junta ya recibía la pensión por incapacidad. Así, y tras pedirle ayuda, ha reconocido que firmó la primera póliza en el despacho del propio Guerrero y comenzó a percibir estas ayudas. "No estuve ni un mes sin recibir las rentas, de 2.600 euros mensuales aproximadamente", ha asegurado.
De igual modo, y respecto a la segunda póliza, ha desvelado que "le llamaron de la Consejería de Empleo, concretamente una chica que lo emplazó para que firmara una póliza nueva", añadiendo que "creía tener derecho" a cobrar 2.640 euros mensuales desde el año 2002 "después de estar desde los 14 años cotizando por el régimen especial de minería de carbón", aunque "sabe que no pidió ninguna ayuda por escrito, no está dentro de ningún ERE y sabe que esa ayuda se le concedió por su situación personal".
Así, ha afirmado que, "aunque no hubiera sido amigo de Guerrero, también habría percibido las rentas derivadas de estas pólizas", tras lo que, cuestionado sobre en qué ha invertido el capital anual recibido y el importe transferido por el Consorcio de Compensación de Seguros, ha relatado que "liquidó las deudas que tenía, terminó de pagar una hipoteca que pesaba sobre un piso, y arregló la casa de El Pedroso, que estaba prácticamente en ruinas".
Para este jueves también estaba prevista la declaración de Antonio González Pérez, que fue incluido en el expediente de regulación de empleo promovido en el año 2007 por la sociedad anónima laboral sevillana 'Saldauto' pese a no formar parte de su plantilla, aunque su declaración como imputado ha sido suspendida nuevamente debido a que no ha podido ser localizado.
