SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida quiere que la Junta de Andalucía reclame al Gobierno de la Nación la "inmediata intervención" de las empresas del sector energético "para preservar el interés general de un servicio esencial" en aplicación del artículo 128.2 de la Constitución, que establece la posibilidad de "acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general".
Así lo solicita a través de una proposición no de Ley que ha registrado para su debate en el Pleno del Parlamento andaluz y que precisará del apoyo del PP-A para poder someterse a la consideración de la Cámara por plantear un pronunciamiento sobre "materias de competencia exclusiva del Estado".
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, IULV-CA también pide a la Junta que inste al Ejecutivo central a presentar antes de que finalice el actual periodo de sesiones un proyecto de Ley ante el Congreso de los Diputados "que reserve para el sector público la totalidad de los servicios energéticos".
GARANTIZAR EL "SUMINISTRO BÁSICO ESENCIAL" A CIUDADANOS SIN RECURSOS
Junto a ello, la federación de izquierdas demanda la adopción de "todas las medidas legislativas oportunas para que quede garantizado el suministro básico esencial de energía", de forma que "ningún ciudadano se vea privado de este servicio básico por carencia constatada de recursos económicos".
Para justificar su demanda de "intervención pública" del sector, IU recuerda que la factura de la electricidad en España "es la tercera más cara de Europa, tras Irlanda y Chipre" mientras que las compañías eléctricas españolas "tienen unas ratios de rentabilidad bastante superiores a las de sus homólogas europeas", algo que no considera "lógico con la crisis económica que estamos soportando" en España.
En su opinión, estos beneficios son consecuencia de la "benevolencia del regulador hasta ahora con las empresas eléctricas, demostrada por la falta de control y por la generosidad en los criterios de fijación de tarifas", ya que pone de manifiesto que, "a pesar de la liberalización teórica, al menos el 50 por ciento son precios regulados para remunerar inversiones en generación, transporte y distribución, además de los costes de transición a la competencia y de la moratoria nuclear entre otros".
CUESTIONA EL RIGOR DEL "DÉFICIT TARIFARIO"
IULV-CA considera además "ilegítimo" el denominado 'déficit tarifario' y cuestiona que se haya valorado "de forma correcta", ya que advierte de que se basa "en acumulaciones sucesivas al valor de origen (marco legal estable)" y a partir de "datos de las propias compañías que han dado por buenos los sucesivos gobiernos y que reconoce el Ministerio de Industria, Energía y Turismo".
Por todo ello, reclama una "auditoría energética pública y rigurosa que determine las causas reales, si las hay, del déficit tarifario" y apuesta por "actuar para evitar el drama de la pobreza energética y evitar las repercusiones negativas que tienen sobre la ciudadanía, los servicios públicos y la actividad económica los excesivos costes del suministro eléctrico".
