Izquierda Confederal pregunta al Gobierno si va a "actuar contra la Macarena" por la tumba de Queipo

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Izquierda Confederal en el Senado, en el que figura Adelante Andalucía, ha formulado al Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos una nueva batería de preguntas acerca de qué gestiones prevé el Ejecutivo para que la basílica de la Macarena deje de acoger la tumba del general golpista Gonzalo Queipo de Llano, preguntando entre otros aspectos si piensa "actuar contra la hermandad de la Macarena" como titular del citado templo o contra la Archidiócesis de Sevilla.

En su escrito de preguntas, recogido por Europa Press, este grupo del Senado considera que la última respuesta del Gobierno central a este asunto "pone en evidencia la necesidad de modificar" la Ley estatal 52/2007 de Memoria Histórica, que determina que el Estado "colaborará con las comunidades autónomas y las entidades locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y a la dictadura".

En ese sentido, en esta respuesta el Gobierno central recordaba que la ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía "considera elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas aquellos realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, estableciendo que cuando estos estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos".

"En el supuesto en que dicha retirada no se produzca voluntariamente, la Ley dispone la creación de un comité técnico que elaborare una relación de los elementos que deben ser retirados o eliminados, correspondiendo a la Consejería competente en materia de memoria democrática en la comunidad autónoma la incoación de oficio del procedimiento para la retirada de dichos elementos", precisaba el Gobierno.

Frente a ello, en esta nueva batería de preguntas, Izquierda Confederal reclama que el Gobierno aclare "qué medidas piensa adoptar para que hechos como el descrito dejen de pasar con total impunidad, en qué se ha materializado la colaboración con la comunidad autónoma de Andalucía y en su caso el Ayuntamiento de Sevilla, qué reuniones o contactos se han producido con el Gobierno andaluz o la Alcaldía de Sevilla", si el Ejecutivo va a instar a la Junta "a actuar" y si prevé "dentro de sus competencias, actuar contra la hermandad de la Macarena y a la Archidiócesis de Sevilla por estar actuando contra la legislación estatal y autonómica.

Sobre el asunto, recordémoslo, pesa el acuerdo plenario aprobado por el Ayuntamiento en julio de 2016, con la abstención de Cs y el voto contrario del PP, reclamando precisamente que el templo de la hermandad de la Macarena deje de acoger dicha tumba.

Merced a dicho acuerdo plenario, el Consistorio avisaba a la hermandad de la Macarena y a la Archidiócesis de Sevilla sobre el contenido de las leyes estatal y autonómica de memoria histórica y las obligaciones que de ellas derivan para los particulares y organizaciones privadas.

EL PAPEL DE LA JUNTA

En paralelo, recordemos que en virtud de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y su decreto sobre símbolos y actos contrarios a la misma, la Junta anunciaba en julio de 2018 la creación de un comité encargado de emitir un dictamen "vinculante" sobre la tumba de Gonzalo Queipo de Llano y otros "elementos contrarios a la memoria histórica que no hubiesen sido retirados o eliminados voluntariamente por parte de sus titulares".

Más recientemente, la actual consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo (PP), insistía en que para solucionar el caso de la tumba de Queipo de Llano todavía sería necesario un desarrollo reglamentario de la vigente Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática.

Al respecto, la hermandad de la Macarena viene defendiendo que el columbario proyectado por la entidad "podría suponer en un futuro una posible vía de solución" al enterramiento del general golpista si así lo aceptase la familia del mismo, avisando además de que con la Ley Andaluza de Memoria Histórica tal como está "dictada", sin un "reglamento que la perfeccione", no pesa "ninguna obligación de sacar" los restos del militar. Eso sí, la entidad avisaba recientemente de que la construcción de dicho columbario "no tiene fecha de inicio ni de finalización".