La juez Alaya cita este lunes a declarar a 7 de los 35 imputados por las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla

Publicado 23/03/2015 5:53:58CET

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, ha citado a declarar este lunes a 7 de las 35 personas imputadas por las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla.

En un auto dictado el 6 de febrero, consultado por Europa Press, la juez encausó a 35 personas --entre ellas los exalcaldes de El Real de la Jara y Guadalcanal-- y amplió la imputación a los exconsejeros Antonio Fernández y Martín Soler, al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, al exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero, a los exdirectores generales de IFA/IDEA Francisco Mencía y Miguel Ángel Serrano, y a José Enrique Contreras, ex gerente del IFA en Sevilla.

De este modo, la instructora ha citado a declarar durante esta semana a los 35 imputados, de los que hasta siete comparecerán ante la juez este lunes, entre ellos Antonio Diana Expósito, quien "habría recibido, sin mediar solicitud alguna, de forma ilegítima, una subvención por importe de 60.000 euros, al parecer para la ampliación de una gasolinera de la que era concesionario".

HABRÍA REGALADO DOS PANTALLAS DE TV A GUERRERO

Según la juez, este imputado "podría haber regalado" a Guerrero "en compensación" por esta ayuda un equipo GPS con DVD y dos pantallas de televisión instaladas en un BMW Q-5, "presunta dádiva" por la que amplía la imputación del exdirector de Trabajo al considerar que "integraría el delito de cohecho en continuidad delictiva que ya le fue imputado".

También ha citado a declarar este lunes a Antonio Florencio Suárez, que fuera administrador único de Coflosur, empresa dedicada a la construcción que habría obtenido de Guerrero "como trato de favor" el pago en enero de 2005 de una subvención de 60.000 euros sin resolución de concesión ni documentación acreditativa del proyecto o memoria justificativa de la subvención, ni tampoco documentación acreditativa de estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

De igual modo, y en relación a las ayudas concedidas a Atarazanas de Constantina, empresa cooperativa dedicada al aserrado y cepillado de madera, comparecerán ante la juez Luis Martínez Perea, como presidente de dicha cooperativa, Manuel Fuentevilla Valverde y José Montesinos Cabrera.

La juez considera que, "a través de la influencia ejercida" por todos ellos en la "dirección" de la Consejería de Empleo, habrían conseguido para la creación de la cooperativa y la construcción de un aserradero de madera de castaño en Constantina una ayuda de 600.012,12 euros en virtud de un convenio suscrito con el IFA el 25 de marzo de 2003, "de lo cual se dio cuenta al consejero de Empleo mediante correo electrónico" el 6 de febrero de 2004.

AYUDA A UN VECINO DE EL PEDROSO

Finalmente, los pagos se realizaron el 26 de junio y el 27 de noviembre de 2003, "sin que mediara solicitud, ni documentación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no existiendo tampoco resolución de concesión".

Alaya también ha citado este lunes a José Gómez Muñoz, un vecino de El Pedroso que explotaba una taberna y que, "conociendo legalmente que no le correspondía", solicitó verbalmente a Guerrero, también vecino de esa localidad, una ayuda con cargo a los fondos de la Junta, la cual ascendió a 90.151,81 euros, todo ello "sin que existiera solicitud formal de la misma, ni documentación justificativa como proyecto o memoria".

Por último, la magistrada ha citado a declarar a José Reina Espínola, consejero de una empresa dedicada a proyectos, construcción de obras públicas y mantenimiento de autovías, carreteras y ferrocarriles, que mandó una carta a Guerrero solicitándole la concesión de algún tipo de ayuda "a sabiendas de que no le correspondía legalmente y que le podría ser concedida como trato de favor", ya que Guerrero y el padre del imputado "tenían una estrecha amistad".

De esta forma, la ayuda ascendió finalmente a 300.000 euros.