Junta abre el trámite para formular alegaciones al anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana hasta el día 30

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales ha abierto el plazo para la presentación de alegaciones al anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana de Andalucía, aprobado el pasado 29 de julio por el Consejo de Gobierno. Según recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el plazo para este trámite concluye el día 30 de este mes y las aportaciones se pueden hacer llegar a la Junta a través de la página web de esta Consejería en formato electrónico o bien en papel en el Registro General de ésta.

Tras la presentación oficial de este anteproyecto de ley durante el 10º Congreso Andaluz del Voluntariado y la Participación, celebrado los días 26 y 27 de septiembre en Sevilla, está programado un calendario con nueve encuentros provinciales a lo largo de este mes de octubre para difundir la futura norma, según ha informado la citada consejería en una nota.

Estos foros provinciales arrancarán el próximo 9 de octubre en Málaga y seguirán el día 10 en el Campo de Gibraltar; el 14 en Sevilla y 16 en Huelva, coincidiendo con la celebración de la Semana Europea de la Democracia Local; el 21 en Córdoba, el 24 en Granada, 25 en Almería , 28 en Cádiz y se cierra el 30 de octubre en Jaén.

La estructura será una primera parte explicativa del anteproyecto, una segunda fase de profundización a través de talleres de debate y una puesta en común. Los resultados del debate se incorporarán al proyecto, siempre y cuando estos se presenten por los cauces formales antes citados.

El anteproyecto de la Ley Andaluza de Participación Ciudadana ha tenido un recorrido distinto al de otras normas, ya que en su elaboración ha participado más de 5.500 personas a través de los encuentros, talleres provinciales y comarcales celebrados, así como de muchas de organizaciones y movimientos sociales.

De esta forma, desde su origen, esta norma canaliza esa pretensión de dar respuesta a las reivindicaciones ciudadanas de mayor participación en las decisiones políticas y cumplir con el objetivo reconocido en el Estatuto de Autonomía de promover la participación de la ciudadanía en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas. Por tanto, supone un avance hacia un modelo de democracia participativa avanzada y acerca las instituciones a la ciudadanía.