La Junta afirma que no se "amañó" la adjudicación a clínicas abortivas y recurre la resolución judicial

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, quiso dejar hoy claro que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no "amañó" el proceso de adjudicación a dos clínicas --Clínica Triana, de Sevilla, y Atocha Ginecológica, de Málaga-- de la práctica de interrupciones de embarazos de riesgo o de más de doce semanas, apuntando que los requisitos exigidos a los centros aspirantes, en especial el de haber realizado 500 abortos durante 2006 --puesto que la convocatoria comenzó en 2007--, eran "una garantía del buen funcionamiento de las mismas y no un recorte de la libre competencia".

En rueda de prensa, Montero recalcó que la sentencia emitida por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número diez de Sevilla a este respecto, que fue publicada por el El Mundo, "no acusa al SAS de haber amañado nada", sino que sólo "ha paralizado el proceso en virtud de un requisito que considera arbitrario".

A este respecto, anunció que la Consejería ha recurrido este dictamen judicial, puesto que entiende que "la exigencia para este tipo de convocatoria de un número de casos atendidos durante el curso inmediatamente anterior es un requisito fundamental", al tiempo que indicó que "se puede tener dudas en cuanto a la cantidad concreta que se debe pedir, pero no a su presencia entre los condicionantes a tener en cuenta en el proceso".

Así, afirmó que, a su juicio, "no basta con acreditar que se tiene la última tecnología y el profesional mejor preparado, ya que se trata de una actividad en la que tiene una importancia primordial la práctica, por lo que el número de casos atendidos es la mejor acreditación de la calidad de un servicio de este tipo".

Además, recordó que el proceso se llevó a cabo "siguiendo una total transparencia y respetando en todo momento lo expuesto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al respecto", por lo que manifestó que cualquier acusación contra el SAS por su gestión del proceso responde a "intereses particulares que pretenden hacer ver lo que no hay".