SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, Elena Víboras, ha pedido al PP "cautela" al hablar sobre presuntos delitos en empresas de transformación de subproductos cárnicos, como ha sido el caso de la empresa Dasy --radicada en Osuna (Sevilla)-- y ha resaltado los controles alimentarios "exhaustivos" para garantizar la seguridad alimentaria.
En su respuesta a una pregunta parlamentaria en el Pleno del Parlamento andaluz, la consejera ha indicado, con respecto a la investigaciones actuales sobre presuntos delitos cometidos por empresas de transformación de subproductos cárnicos en Andalucía, que en los comportamientos que tengan lugar fuera de cauces legales y en prácticas supuestamente delictivas, "nadie debe inmiscuirse, porque ya existe una Justicia con sus propios elementos de control y a la que hay que dejar trabajar".
La titular andaluza ha recalcado que "hay que respetar el secreto de sumario y prestar la mayor colaboración a la justicia", por lo que ha pedido al PP que "no condene", aunque lamenta que en este caso "ha dictaminado sentencia", tras lo que aboga por que todos "seamos suficientemente cuidadosos para dejar que la Justicia trabaje".
Por ello, considera que "hay que ser cautelosos y dejar trabajar a la Justicia, no nos corresponde a nosotros, pues además el asunto está 'sub iudice'", aunque lamenta que al PP "le gusta condenar a los demás con mucha ligereza sin respetar la presunción de inocencia".
La consejera ha dejado claro que "cuando haya pruebas concluyentes y conclusiones claras, la Junta actuará en consecuencia con toda la contundencia y con todo el rigor; debemos ser prudentes y no condenar".
Víboras ha explicado que la Consejería "cumple con la normativa comunitaria y efectúa con regularidad la supervisión oficial y en colaboración con el Estado" en materia de control y seguridad alimentaria.
De esta forma, ha indicado que la Junta, "cumpliendo con la normativa comunitaria, ejecuta cuatro programas de control en coordinación con el Estado".
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha explicado que Andalucía cuenta con un exhaustivo sistema de control de plantas y operadores de Subproductos Animales No Destinados al Consumo Humano (Sandach).
En este sentido, Víboras ha indicado que en la comunidad autónoma hay cuatro programas de control, en coordinación con el Estado e integrados en un Plan nacional, y que se ejecutan de forma rutinaria cumpliendo la normativa comunitaria. En el marco de este sistema se realizan supervisiones e inspecciones oficiales, con regularidad y, ha insistido la titular andaluza, "en colaboración con el Gobierno de España".
En los últimos años, se han realizado 262 controles y visitas a instalaciones de este tipo, y se han tomado 755 muestras en las plantas y establecimientos que gestionan subproductos cárnicos. Estos procedimientos contemplan también la aplicación de sanciones ante posibles incidencias, entre las que se incluyen desde deficiencias en el funcionamiento de las plantas, hasta defectos en la separación de las distintas categorías de productos en los medios de transporte.
Durante su intervención, la consejera de Agricultura se ha referido a que los sistemas de control "funcionan dentro de la normalidad en el ámbito que les compete", es decir, en prácticas desarrolladas dentro de los canales legales y sujetas a la normativa. "Actuamos con seriedad, rigor y máxima cautela", asevera Víboras.
"EL SILENCIO DE LA JUNTA CREA ALARMA", SEGUN PP
Por su parte, el diputado del PP Miguel Ángel Arauz ha asegurado que "este escándalo de un presunto delito afecta a la Consejería de Agricultura, que además tiene la responsabilidad de decir si esos piensos estaban contaminados o no".
Para el PP, "el silencio escandaloso de la Junta que causa alarma social y alientan las sospechas de la UE".
Arauz ha recordado que existen 27 personas entre detenidos e imputados y "también han sido llamados a declarar algunos altos cargos de su Consejería" por lo que considera que se trata de un asunto "muy grave" y ha instado a "responder sobre qué medidas se han adoptado para garantizar la seguridad alimentaria y depurar responsabilidades".
Ha agregado que este caso "afecta a ganaderos de forma importante y al sector industrial y a la propia Consejería".
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Osuna (Sevilla) en la investigación ha abierto para determinar si empresas autorizadas para incinerar cadáveres de animales enfermos o no aptos para el consumo humano han usado esa carne y sus productos para elaborar harinas cárnicas para piensos destinados a animales de compañía (perros y gatos).
