Ibercaja ofrece el programa 'Llaves Solidarias' para alquiler pero en otras viviendas, ya que éstas "no reúnen las características"
SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía, a través de la delegada territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, Granada Santos, y el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, han instado a la entidad financiera Ibercaja a que no rompa la mesa de negociación abierta en relación a las viviendas del bloque del entorno de San Lázaro ocupadas desde hace un año por 36 familias sin recursos y dé marcha atrás en el procedimiento judicial abierto para desalojarlas.
Los representantes de ambas instituciones han convocado este miércoles una rueda de prensa en la sede del Defensor junto a miembros de la 'Corrala Utopía' para mostrar su apoyo y solidaridad a las familias, lamentando que la entidad financiera "haya instado al desalojo" de las mismas cuando hay una mesa de negociación abierta desde el pasado mes de octubre --participada por representantes de las familias, Ayuntamiento, Junta, Ibercaja y el Defensor como mediador--.
La delegada territorial de Fomento y Vivienda ha resaltado que la Junta aboga porque las familias que ocupan este bloque de la avenida de las Juventudes Musicales se queden en el mismo con "un alquiler social de mínimo un año" y ha advertido de que, en el caso de la 'Corrala Utopía', sería aplicable la vía sancionadora del decreto andaluz de la función social de la vivienda, que contempla multas de hasta 9.000 euros a personas jurídicas que no destinen a alquiler su 'stock' residencial.
No obstante, ha resaltado que "habría que esperar a que estuviesen desocupadas" para aplicar la sanción, un escenario que el Gobierno andaluz busca evitar a toda costa. "Para la Junta, estas viviendas están habitadas y espero que lo sigan estando", ha reiterado en varias ocasiones la delegada, quien ha reconocido igualmente que, si no fuera por movimientos sociales como el de las 'corralas', "quizás no hubiera visto la luz" el decreto de función social de la vivienda.
Asimismo, Granada Santos ha pedido al presidente de Ibercaja, Amado Franco, que "sea consecuente" con sus declaraciones realizadas el pasado 29 de abril a la Cadena Ser, cuando afirmó que la existencia de miles de viviendas vacías mientras hay personas que no pueden acceder a ella "es una contradicción que nos debería llenar de vergüenza" y que a las entidades financieras les interesa más "percibir un alquiler de cien euros" que tener inmuebles vacíos durante años.
Del mismo modo, la delegada territorial ha instado al Ayuntamiento de Sevilla y a Endesa a que restablezca el suministro de luz y agua para que estas familias "estén en las condiciones más dignas posibles".
Por su parte, Chamizo ha advertido a la entidad financiera de que "no se puede resolver de golpe y de forma unilateral" una mesa de negociación abierta desde hace varios meses, asegurando que volverá a convocar a las partes próximamente. No obstante, ha reconocido que últimamente ha tenido "problemas" para contactar con la entidad. "Estoy muy triste porque no me llaman", ha apuntado.
"NI A LOS PERROS LE HACEN LO QUE A NOSOTROS"
En la rueda de prensa ha estado presente una de las vecinas de la 'Corrala Utopía', Aguasanta Quero, quien, visiblemente afectada, ha explicado cómo hace un año decidió embarcarase en esta ocupación junto con dos hijos y otras familias que iban a quedarse en la calle, con el apoyo del 15-M, "después de dos o tres años pidiendo ayuda a los servicios sociales".
"Tomamos la decisión juntos y no me arrepiento, porque somos una gran familia, pero llevamos un año en el que lo estamos pasando muy mal. Es una situación muy difícil estar sin luz y sin agua. Ni a los perros se le hace lo que nos están haciendo a nosotros", ha manifestado.
Así, ha leído un comunicado en el que apelan a la "humanidad" del presidente de Ibercaja y de la jueza que instruye el caso para "que piensen que el derecho de las personas a una vivienda digna está por encima del derecho de los bancos".
Precisamente, la defensa jurídica de estas familias, que corre a cargo del Grupo 17 de Marzo de forma gratuita, ha anunciado que ha presentado un escrito ante los juzgados aludiendo a la "desproporción" que existe en cuanto al daño que puede suponer para estas familias quedarse en la calle, apelando a la fiscal jefe de Sevilla a que "tome las riendas" de este asunto para "defender los derechos sociales de estas personas".
El letrado Luís de los Santos ha recordado que el próximo día 29 de mayo concluyen las declaraciones de los vecinos ante el juzgado a cuenta de la denuncia presentada por Ibercaja y que a partir de ese momento "el juez dictaminará" si se produce el desalojo.
Por último, Macarena Olid, representante de la Intercomisión de Vivienda del 15-M en Sevilla, colectivo que desde el principio apoya a estas familias y otras en sucesivas 'corralas', ha recordado que este jueves habrá una manifestación que partirá de la Utopía hasta las 'Setas' de la Encarnación a partir de las 20,00 horas bajo el lema 'Salvemos la Utopía, alquiler social ya'.
IBERCAJA OFRECE UN PROGRAMA DE 'LLAVES SOLIDARIAS'
Por su parte, desde Ibercaja han querido resaltar que "ninguno de los ocupantes del edificio de la avenida Juventudes Musicales ha sido desahuciado por Ibercaja", recordando que asumió la propiedad de las viviendas "cuando ya estaban habitadas".
"Aun así, sensible a los problemas de estas personas, en los sucesivos encuentros celebrados en la sede del Defensor del Pueblo andaluz, Ibercaja ha ofrecido, a las familias que los servicios sociales de las instituciones andaluzas indiquen, el programa Llaves solidarias de nuestra Obra Social", señala la entidad en un comunicado remitido a Europa Press.
Desde Ibercaja explican que este programa "avala a las familias con dificultades para que puedan acceder a una vivienda social de alquiler", una oferta que, según subrayan, "no se refiere al edificio que ocupan, que no reúne esas características y del que la entidad aún tiene que tomar posesión efectiva, para acabar las obras y poder disponer de él".
"A lo largo de los últimos meses, Ibercaja, que en el largo proceso de la crisis no ha recibido ayudas públicas, ha dado sucesivas muestras de buena fe y de su voluntad para ayudar a resolver los problemas de estas familias. Sin embargo, ante la falta de avances, ha decidido ejercer su derecho para tomar legítima posesión del inmueble. Mientras, mantiene la oferta para que las familias que lo necesiten se acojan al programa Llaves solidarias que, bajo la tutela de una ONG especializada, ha facilitado 582 alquileres en los últimos años", ha concluido.
