Foto: EUROPA PRESS/PARLAMENTO
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SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha mostrado este miércoles la "enorme satisfacción" del Gobierno andaluz por la elevación al Tribunal Supremo (TS) del caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), asegurando que se pone fin a la "indefensión jurídica y política" en la que se han encontrado los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto con los exconsejeros que también han sido preimputados por la juez instructora, Mercedes Alaya.
Así se ha pronunciado el consejero del ramo durante su comparecencia en el Pleno del Parlamento, a petición de PP-A y PSOE-A, para valorar la repercusión en Andalucía de la elevación al Tribunal Supremo del caso de las ayudas sociolaborales y a empresas vinculadas al programa presupuestario 31L, donde ha insistido en que dicha elevación supone que estas personas, todas ellas aforadas por su condición de diputados o senadores, salgan de ese "inédito limbo jurídico" en el que se han encontrado.
Sánchez Maldonado ha hecho hincapié durante su intervención en que el momento procesal en el que nos encontramos "dista mucho aún" de la sentencia, pese a que el PP-A "ya la haya dictado". Asimismo, ha insistido en que lo que hay en la actualidad es una sentencia razonada que hace un juzgado y que la eleva para la consideración del competente, "que aún no ha decidido". "Ni siquiera se ha llegado a un punto que permita a la Fiscalía y a las acusaciones concretar qué personas han podido incurrir en las distintas responsabilidades y qué sanción se les podría imponer", ha añadido.
No obstante, Sánchez Maldonado sí ha reconocido que estamos ante "un avance muy importante que supone que después de un año desde la anunciada preimputación, por fin asistamos a la elevación que permitirá pronunciarse al órgano competente y ver si hay trascendencia penal o no". Además, ha dicho que le hubiera gustado que la causa se hubiera instruido de manera "más rápida y diligente".
Y es que, según ha subrayado Sánchez Maldonado, "cada día y cada mes que pasa se están generando más oscuridades y más dudas, y eso no es bueno ni para Andalucía ni para los andaluces, desde el más estricto respecto a la Justicia", una Justicia con la que, según ha apuntado, el Gobierno andaluz ha colaborado en todo momento, al ser el "principal interesado" en que se conozca la verdad de lo ocurrido.
Sánchez Maldonado, que ha asegurado que en este Parlamento se han sustanciado más de 650 iniciativas sobre este caso, incluyendo una comparecencia del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y una comisión de investigación, ha considerado que ello es una "prueba evidente" de que el Ejecutivo andaluz no ha tenido problema en rendir cuentas y en dar las explicaciones que los ciudadanos demandan.
Tras poner de manifiesto que "la enorme complejidad" del caso y la decisión de la instructora de mantenerlo unido ha podido ocasionar "algunas confusiones" entre la ciudadanía, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha lamentado que haya habido durante este tiempo quien se ha esmerado "en el engaño y en repetir que todos somos corruptos", por lo que, a su juicio, se hace conveniente distinguir entre "quienes presuntamente han hurtado en la caja pública y quienes no lo han hecho".
En este contexto, Sánchez Maldonado ha pedido "extrema prudencia" y esperar a que la Justicia se pronuncie al respecto, "lejos de las insidias, las especulaciones, los juicios paralelos y los linchamientos mediáticos" que, en su opinión, se han producido, llegando a condenar a personas que todavía no han sido enjuiciadas. "Parece que la presunción de inocencia solo se hace en función del color político", ha lamentado.
Junto a ello, el consejero ha dicho que la novedad en la exposición razonada que elevó al Supremo es que "no hay novedad". "El auto no hace sino repetir aquellos pronunciamientos que ya se hacían sobre el diseño de un sistema específico, pero se extiende la responsabilidad a dos personas más, los extitulares de la Consejería de Presidencia" durante el periodo investigado, concretamente a Gaspar Zarrías y Mar Moreno.
PP-A: "LA SOMBRA DE DÍAZ SE LLAMA CORRUPCIÓN"
Frente a lo expuesto por el consejero, la parlamentaria y secretaria general del PP-A, Dolores López Gabarro, ha vuelto a criticar que no haya sido la presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien dé explicaciones en la Cámara sobre los casos de corrupción después de "dos expresidentes, un vicepresidente y nueve exconsejeros" señalados por la justicia en el caso de los ERE.
En su opinión, Díaz prefiere seguir "escondida" y "huir" a Marruecos, "autoexonerándose de su deber de dar explicaciones" en la Cámara autonómica mientras su socio de gobierno, IULV-CA, también la "exonera" de dar la cara sobre "cómo y por qué la corrupción socialista ha campado a sus anchas por la Junta". "La señora Díaz ha cerrado las ventanas y ha abierto la gatera para huir del Parlamento", ha sentenciado la 'popular' para advertir a la presidenta de que, su "sombra se llama corrupción" y de que "la sigue y seguirá esté donde esté, ya sea en Cataluña, en Ferraz o en un palacio de Rabat".
Además de exigir a los socialistas que "pidan perdón" a los andaluces, ha insistido en advertir al PSOE-A que "no puede pasarse los días y las noches exigiendo todo a Rajoy por lo civil o criminal y no explicar cuándo y cómo van a recuperar el dinero que le han birlado a la ciudadanía por lo civil y por lo criminal". A IULV-CA también la ha acusado de no pedir una comisión de investigación sobre los cursos de formación por "no desobedecer las órdenes de su comandante jefe, Mario Jiménez" y provocar un adelanto electoral. "Les pueden más sus sillones. Con qué furor criticaban antes y con qué sumisión disculpan ahora", ha sentenciado.
Por su parte, el socialista José Juan Díaz Trillo ha centrado gran parte de su intervención en acusar al PP-A de estar instalado en "una estrategia perversa" que no tiene como objeto conocer la verdad ni conocer los hechos de forma "rigurosa" sino la de intentar "influir" tanto en la opinión pública como en los propios jueces.
Tras resaltar la colaboración de la Junta en las investigaciones sobre casos de corrupción, ha considerado que "ni siquiera es verosímil que durante una década decenas de altos cargos se pusieron de acuerdo para delinquir" y que los 'populares' insistan en ello, "además, sin ninguna prueba" sino sólo con "alguna que otra conjetura". También ha reprochado al PP-A que "esté poniendo en jaque decenas de trayectorias políticas y profesionales" cuando "la gran mayoría son personas honestas, responsables y comprometidas".
Finalmente, la portavoz adjunta del grupo parlamentario de IULV-CA, Alba Doblas, ha destacado que desde el último año se asiste a una "lenta y mediática" puesta en escena del cierre de una instrucción "que le corresponde a la Justicia y no a este Parlamento por más que algunos hayan intentado erigirse en jueces". Además, ha puesto de manifiesto que resulta "ya evidente" que la "teoría de los cuatro golfos ya no hay quien la sostenga".
Asimismo, Doblas se ha mostrado convencida de que este Gobierno "no sería el mismo" sin la actuación de IULV-CA y sin la existencia de un acuerdo que gobierno "que pasa por la transparencia y la exigencia de responsabilidad y control permanente".
En su turno de réplica, Sánchez Maldonado ha insistido en que el combate del Gobierno andaluz es contra la corrupción "venga de donde venga" porque les "repguna", algo que "dista mucho" de lo que hacen los 'populares' allá donde gobiernan. "Para exigir a los demás primero hay que dar ejemplo y el único presidente de una comunidad que a día de hoy está en la cárcel es Jaume Matas", ha señalado el consejero, quien ha garantizado que el Gobierno andaluz no va a parar hasta recuperar hasta el último euro que se haya podido defraudar.
