SEVILLA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía prevé finalizar en la primera quincena de mayo de 2009 el borrador del reglamento de referencia de la Autorización Ambiental Unificada, integrada en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), que contará con el objetivo básico "agilizar y simplificar" los procedimientos administrativos.
En declaraciones a Europa Press, el viceconsejero de Medio Ambiente, Juan Jesús Jiménez, explicó que esta autorización unificada, para actividades o proyectos de menor entidad, conllevará una reducción de seis meses respecto a los plazos de tramitación actuales y una mayor seguridad para los interesados.
El reglamento prevé unificar los distintos procedimientos y decretos que conviven actualmente, pasando de 800 a unos 200 procedimientos y unificando más de 30 decretos en un sólo articulado.
Asimismo, Jiménez, que participó en la jornada 'La empresa y las Administraciones públicas ante los retos del medio ambiente' en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), subrayó de este modo las bondades de la GICA, que regulará más de un centenar de actuaciones, en especial, en el sector industrial y servicios y sus relaciones con el patrimonio natural.
De este modo, indicó que con dicha normativa se recogerá en un sólo expediente todas las resoluciones que anteriormente se realizaban de forma independiente, con un plazo máximo de ocho meses. Además de integrar el procedimiento abreviado que contará con un plazo resolutorio de seis meses.
En relación con la prevención y el control medioambiental, la ley incrementará los niveles de exigencia al obligar someterse a evaluación de impacto ambiental a todos los proyectos de envergadura, incluidos los que actualmente sólo precisan de informe ambiental, un trámite que queda eliminado. Junto a esto, se mantiene la modalidad de calificación ambiental como competencia municipal para los proyectos y actividades de menor entidad.
El viceconsejero insistió en el beneficio que generará esta normativa para el empresariado y en la necesidad de "coordinar" el desarrollo socioeconómico y del patrimonio natural, "dotando al sistema de mejores garantías de protección de dicho patrimonio".
En el mismo sentido se mostró el presidente de la CEA, Santiago Herrero, en el desarrollo de dichas jornadas, donde recordó la "complejidad" de los procedimientos de autorización y los controles existentes en materia medioambiental que requieren "enormes esfuerzos al empresariado".
"Se trata de dar respuesta a una de las grandes demandas del mundo empresarial", incidió Herrero en referencia a la agilización de trámites, destacando la importancia de un desarrollo medioambiental y económico unificado "más aún en tiempos de crisis".
Por su parte, el viceconsejero de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Pedro Fernández Peñalver, matizó que la ley "ahonda en la importancia de la ciudadanía para su desarrollo y en la colaboración activa de éstos".
Igualmente, el socio director de Montero Aramburu Abogados, Alfredo Álvarez, se mostró "preocupado" por el hecho de que la ley cuente con un 22 por ciento de artículos sancionadores o referidos a infracciones, "teniendo en cuenta que esta norma debe educar y prevenir más que sancionar".
Álvarez también indicó que la regulación supone "un reto y una responsabilidad" y pidió que los procedimientos no provoquen "más atascos de los debidos" a los emprendedores.
