Igualdad defiende que la pareja presenta problemas de alcohol y drogas, y alega falta de higiene y absentismo escolar de los hijos
SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
Una pareja natural de Sevilla no descarta llevar a los tribunales a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía tras iniciar ésta un procedimiento de desamparo de sus dos hijos menores de edad --de 13 y 6 años--, procedimiento que, según la madre de los niños, Soledad Gómez, se ha iniciado tras una denuncia "falsa" y "anónima" en la que se apunta al alcoholismo y la drogodependencia de los progenitores.
En este sentido, la abogada que defiende a la familia, Yolanda Campón, explicó a Europa Press que fue el 4 de diciembre de 2008 cuando esta familia recibió un escrito del departamento que dirige Micaela Navarro en el que se le notificaba que había decidido iniciar un procedimiento de desamparo de sus dos hijos menores, dando a la familia un plazo de 15 días para responder.
De este modo, Campón indicó que, en el escrito, la Consejería argumentaba "consumo de alcohol por parte de la madre y de drogas por el padre, así como absentismo escolar, falta de higiene tanto de los menores como de la vivienda familiar y posible abuso sexual de un vecino contra uno de los menores", señalando además Igualdad que "los padres no habían aceptado la ayuda proporcionada" al respecto.
Al hilo de ello, la familia presentó el 22 de diciembre de 2008 un escrito ante le Administración autonómica oponiéndose a lo aseverado por la Junta y haciendo una serie de alegaciones al respecto. Además, y según explicó la letrada, la madre se hizo una prueba que demostraba que no es alcohólica --presentada el 5 de marzo de 2009--, y tanto el padre como la madre, ésta de forma voluntaria, se sometieron a otra prueba que demostró que ninguno de los dos consume sustancias estupefacientes --prueba llevada a la Junta el 2 de enero del presente año--.
SIN RESPUESTA DE LA JUNTA
La abogada puso de manifiesto que, una vez realizados todos los trámites reseñados y remitida la documentación a la Consejería para la Igualdad, ésta "no se puso en contacto" con la familia, por lo que tuvo que ser la propia letrada la que el 10 de junio de 2009 preguntara por el estado en el que se encontraba el proceso de desamparo iniciado en diciembre de 2008.
Una vez puesta en contacto con la Junta, ésta señaló que "el proceso seguía hacia adelante, argumentando para ello el absentismo escolar de los niños y la falta de higiene y el mal olor existentes en la vivienda", pero la familia "sigue sin noticias de lo que va a pasar, pues la Junta dijo que convocaría una audiencia tras la que resolvería el procedimiento de desamparo, y ésta aún no se ha producido".
En este punto, la letrada explicó que, según la ley, el plazo para la resolución de este tipo de procedimientos es de tres meses una vez se notifica a los afectados, pudiéndose ampliar como máximo otro mes y medio, pero el plazo se ha superado "y la Junta no ha dicho nada" al respecto, por lo que no descartó que, en el futuro, puedan ejercer acciones legales contra la Administración autonómica.
"DAÑO GRATUITO"
Por su parte, la madre de los niños, Soledad Gómez --que tiene otro niño, menor de edad en el momento de los hechos, al que no afecta el procedimiento de desamparo--, señaló a Europa Press que ninguno de los argumentos ofrecidos por la Consejería "es cierto", explicando que su hijo de 13 años "faltó varios días a clase, pero porque le daban ataques de ansiedad y no estaba en condiciones". "Se han producido una serie de incongruencias increíbles", apostilló.
Asimismo, Soledad Gómez consideró "indignante" la situación que está atravesando la familia por culpa de una denuncia "interpuesta por alguien cercano", y adujo que lo están pasando "fatal" salvo el menor de 6 años de edad, "al que están dejando al margen" del asunto "para no hacerle daño", añadiendo que "si me quitan a mis hijos, sobre la conciencia de la Junta quedará una muerte, pues a continuación me quitaría la vida".
En este sentido, añadió que su hijo de 13 años "está al tanto de todo y lo está pasando muy mal", pues, según dijo, "a esto se suma que durante ocho años fue víctima de abusos por parte de un vecino, sobre el cual recayó una orden de alejamiento". "Este caso es una pesadilla a la que no le veo razón de ser, pues la Junta está produciendo un daño gratuito", sentenció.
